El Gobierno asegura
que "no está obstaculizando" la investigación judicial abierta en
Argentina por los crímenes de la dictadura franquista y hasta el momento ha
"dado trámite a cuantas solicitudes de auxilio judicial internacional se
han recibido" sobre este particular. Además garantiza que "prestará
toda la colaboración" que "prevea y permita" la legislación
española.
Así lo asegura el
Ejecutivo en una respuesta que ha remitido al portavoz de Justicia de la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA) en el Congreso,
Gaspar Llamazares, quien se interesó por la
actuación del Gobierno ante la causa abierta en Argentina.
Precisamente este
miércoles, la jueza
María Servini que investiga los crímenes de la
dictadura ha solicitado la extradición de cuatro ex altos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por
presuntos delitos de torturas.
En concreto plantea
una orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para
el ex guardia civil
Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y
de la Casa Real
Celso Galván Abascal, el ex comisario
José Ignacio Giralte González, y el ex
inspector
José Antonio González Pacheco, alias 'Billy El Niño'.
En la respuesta
remitida a Llamazares, que recoge Europa Press, el Ejecutivo subraya que es
"
absolutamente respetuoso con la actuación de la justicia, de acuerdo con
lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional". En
este contexto, subraya que
"prestará toda la colaboración que nuestra
legislación prevea y permita".
También señala que
el Ministerio de Justicia, "
en su calidad de autoridad central", debe
"
garantizar que los Convenios Internacionales sobre auxilio judicial
internacional existentes se apliquen correctamente" así como que
"la
práctica de diligencias judiciales en España se realice bajo la cobertura
jurídica de dichos Convenios".
En este contexto,
recuerda que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitió una
Nota Verbal a la Embajada
de Argentina, el 8 de mayo de 2013, "recordando la existencia de un
acuerdo bilateral con Argentina en materia de asistencia judicial penal y las
exigencias que regulan el procedimiento para la realización de este tipo de
diligencias jurisdiccionales".
Eso sí, apunta que,
dada la "
absoluta independencia del Poder Judicial", no corresponde
al Ejecutivo
"colaborar con la justicia argentina en el marco de una
investigación judicial" sino, que en su caso, y
"previa remisión de
la oportuna comisión rogatoria", es a las autoridades judiciales a las que
corresponde prestar dicha colaboración.
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