Acuerdo YPF - Chevron: el decreto presidencial es inconstitucional,

Desde hace años, tanto los expertos independientes como los partidos de oposición venimos señalando que la política energética del gobierno nacional conducía inevitablemente a un colapso. Ese colapso ya llegó. Con su mirada corta, congelada en un eterno presente, el populismo se comió los stocks, como también ocurrió en materia agropecuaria y en tantas otras. La merma de la producción local obligó a importar crecientes cantidades de hidrocarburos, lo que determinó el fin de una balanza comercial favorable y una ausencia de divisas que el Gobierno pretende evitar a través de absurdos artificios, como el "cepo" cambiario.
 
En mayo de 2012, el mismo partido que había privatizado YPF decidió estatizarla.
 
Se proclamó la "soberanía hidrocarburífera", pero la producción de la empresa nacional no subió significativamente. La exploración y extracción de petróleo y gasdemandan cuantiosas inversiones que el Estado no está en condiciones de afrontar. En ese contexto, el capital privado es imprescindible. No hay ninguna soberanía en tener el petróleo y el gas dormidos bajo nuestro suelo.
 
La soberanía está, más bien, en autoabastecerse y no tener que importar lo que nuestro suelo nos provee.
 
Pero, la atracción de inversiones requiere de un marco de seguridad jurídica que el Gobierno se empeña en dinamitar cada día. El reciente Decreto 929/2013, que crea un régimen promocional para la inversión en hidrocarburos, es inconstitucional.
 
La Presidenta se arrogó atribuciones que le pertenecen al Congreso, dado que las delegaciones que antes usaba -como las del Código Aduanero- caducaron en 2010, cuando se dejó de prorrogar la delegación preexistente a la reforma constitucional de 1994. Además, la ley de "soberanía hidrocarburífera" tampoco contiene delegación alguna. Bajo la forma de un decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo está legislando sin autorización legislativa. ¿Por qué no se le da intervención al Congreso, que está en sesiones ordinarias? ¿Se quiere volver sobre el camino de "la 125", cuando por una resolución ministerial se modificaron impuestos a la exportación? Aquí por medio de un decreto se modifica la ley de hidrocarburos, el código de minería, etc.
 
No se trata de meros devaneos de juristas. La misma empresa Chevron, para la que se crea este régimen, debería ser la primera interesada en que sus inversiones estuvieran protegidas por reglas claras y permanentes.
 
Un decreto inconstitucional no es una garantía suficiente, ni el medio de atraer inversiones de otras empresas que seguramente esperan un marco legal sólido antes de invertir en un país que ha hecho gala en los últimos años de alterar las reglas de juego en forma constante.