Obama podría intervenir en el litigio entre Argentina y los fondos buitres

Según el periódico, funcionarios de la Administración estadounidense se reunieron este viernes con abogados de ambas partes ya que el Gobierno sopesa la posibilidad de tomar parte en el caso antes de que lo solicite el Tribunal Supremo, según dijeron al Post fuentes conocedoras del encuentro.
 
La Administración debe decidir si respalda al Gobierno argentino en la batalla legal que mantiene desde hace una década contra un grupo de fondos de cobertura estadounidenses y otros inversores que compraron deuda argentina, algunos de los cuales adquirieron con un gran descuento después de que el país dejase de pagar en 2002.
 
Los fondos de cobertura, dirigidos por una empresa controlada por el principal donante del Partido Republicano y el multimillonario Paul Singer, han estado luchando en los tribunales de EE.UU. para obligar a la nación latinoamericana a pagar lo que, bajo su punto de vista, es valor razonable de la deuda.
 
Argentina ha alcanzado un acuerdo con la mayoría de los tenedores de bonos para pagar una porción de la deuda, pero Singer y otros tenedores rechazan el acuerdo.
 
El Gobierno argentino presentó el pasado 25 de junio un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos contra una sentencia de un juez federal estadounidense en favor de los fondos de inversión.
 
El recurso pretende revertir un fallo del juez federal Thomas Griesa que conminaba a Argentina al pago de 1.330 millones de dólares a los tenedores de deuda soberana que no entraron en el canje propuesto por el Gobierno.
 
Argentina entiende que aquella sentencia "representa una intromisión sin precedente dentro de las actividades de un Estado extranjero dentro de su propio territorio que hace que surjan preocupaciones sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos".
 
Argentina espera la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York en el litigio entablado por fondos de inversión especulativos contra el país en demanda del pago de 1.300 millones de dólares por bonos en mora desde 2001.
 
Esa corte ratificó en octubre pasado el fallo del juez Griesa, quien decidió que Argentina debía pagar a los acreedores que se negaron a participar en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, como los querellantes en este caso, y no solamente a aquellos que sí accedieron al canje.