El derecho a la Ciudad

Mientras sigue aferrado a su célebre slogan "Sos bienvenido", el macrismo rehúsa adoptar políticas integrales para resolver un problema que se agrava en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el acceso a la vivienda y el incremente de ciudadanos que viven "en situación de calle".
 
Actualmente, miles de personas viven "en situación de calle" en la Ciudad de Buenos Aires.
 
Si el punto de partida para la resolución de un problema es reconocerlo en su cabal dimensión, el macrismo está lejos de ofrecer indicios en este sentido. En efecto, según sus estimaciones, aproximadamente 800 porteños se encuentran en "situación de calle". Estas estimaciones surgen de relevamientos oculares nocturnos realizados en las calles céntricas de la ciudad y no contempla a las personas que están en paradores, hogares, cuartos subsidiados, en riesgo inminente de desalojo, etc.
 
Este "conteo" por las calles céntricas de las personas en "situación de calle" representa, sin embargo, el aspecto más visible de un fenómeno invisibilizado y de envergadura estructural. De hecho, según las organizaciones sociales que trabajan con esta temática, son más de 17.000 los ciudadanos que viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran aproximadamente 4.500 niños y 2.000 adultos mayores. Y si se considera que para la Ley N° 3.706, sancionada por la Legislatura, las personas en riesgo de "situación de calle" no son únicamente aquellas "que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional" o "que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo" sino también aquellas "que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento", entonces la cifra asciende ya no a decenas, sino a cientos de miles de ciudadanos de la Capital Federal.
 
Existe un marco legal y un conjunto de propuestas provenientes de las organizaciones sociales que permitirían abordar este problema, pero el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechaza tomarlos en cuenta.
 
El marco legal de referencia no se reduce a la Constitución porteña, que garantiza el acceso a la vivienda digna, sino también a la mencionada Ley N° 3.706 de "Protección y garantía integral de los derechos a las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle", sancionada en diciembre de 2010 y que hasta el día de hoy el Poder Ejecutivo no sólo no ha reglamentado sino que además ha vetado uno de sus artículos fundamentales, el quinto, que justamente define el "derecho a la Ciudad" como "una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales". Se trata de un artículo central, que pone en cuestión la tendencia neoliberal de convertir a la ciudad en una mercancía más, para conferirle un papel destacado en la integración y articulación social, un papel que para el macrismo es difícil de comprender, según se desprende en las razones del veto: "(el derecho a la ciudad) no se condice con los principios constitucionales a los que remite, amén de adolecer de un importante grado de imprecisión que generaría dificultades en su eventual definición".
 
Mientras rechaza reglamentar la Ley y veta a uno de sus artículos fundamentales, las políticas del macrismo para los ciudadanos en "situación de calle" reproducen las prácticas de caridad de las instituciones religiosas y el onegeísmo neoliberal. A través de programas como "Buenos Aires Presente" y "Operativo Frío Cero", el Estado porteño reconoce ofrecer alrededor de 2.200 plazas en los paradores públicos, servicios sanitarios, un plato de comida o una bebida caliente durante los días de frío. De este modo, el macrismo demuestra tener no sólo un déficit importante en cuanto a la dimensión de la problemática, sino también en la inexistencia de políticas públicas integrales tendientes a su superación.
 
El fracaso de estas "medidas" aparece resumido en un documento que recientemente ha publicado el Espacio Carlos Mugica, que reúne a una diversidad de organizaciones sociales, instituciones y grupos conformados por personas que se encuentran o se han encontrado en situación de calle como también por militantes y voluntarios: "La existencia, reiteración y el fracaso de "fríos operativos" en la Ciudad de Buenos Aires como medidas provisorias que no alcanzan a toda la población se vienen repitiendo gestión tras gestión. Sólo han demostrado el desconocimiento de la situación y, además, la aceptación por parte de cada gobierno de la existencia de un gran número de personas que vuelven a la calle pasado el invierno. En este mismo sentido, se entiende el problema del acceso a los Paradores del GCBA, la dificultad de obtener subsidios habitacionales, el hacinamiento y la discriminación que se llevan a cabo en los hoteles".
 
Además de movilizarse por la Reglamentación de la Ley N° 3.706 de la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones sociales sostienen que la solución al problema de los ciudadanos en "situación de calle" requiere poner en cuestión el circuito institucional que "pasiviza a las personas y no nos permite pensarnos como protagonistas activos de nuestras propias vidas", al tiempo que reclaman la creación de "Centros de Inclusión Social, operadores sociales que acompañen y sostengan las transformaciones subjetivas de las personas afectadas, enfoques que tengan en cuenta las especificidades de cada población (niños y niñas, adolescentes, mujeres y varones jóvenes, adultos y mayores, familias, personas discapacitadas, con problemas de adicciones, de salud mental, etc.) y el establecimiento de articulaciones entre las distintas jurisdicciones y las organizaciones sociales que trabajan día a día en la temática".
 
Más allá de las especificidades que demanda el abordaje de la situación de los ciudadanos sin techo, el problema no parecer ser meramente "sectorial" sino del conjunto de la ciudadanía que habita la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, las graves dificultades para acceder a la vivienda digna afecta a la gran mayoría de los sectores sociales, en el marco de una Ciudad donde los desalojos, la especulación inmobiliaria y el precio de los alquileres se incrementan casi en igual proporción que las viviendas inhabitadas y donde, en definitiva, la Ciudad como espacio público es sustituida por la Ciudad como mercancía. Los ciudadanos en situación de calle expresan un problema que es estructural y por eso la lucha de sus organizaciones sociales es la lucha de todos.