El mejor amigo de la corrupción: Falta de una ley de acceso a la información

Las acusaciones que rodean a Lázaro Báez sobre sus vínculos con Néstor y Cristina Kirchner resuenan de distinta manera en la cabeza de cada ciudadano, pero indudablemente generan un clima en dónde la preocupación por la corrupción ha vuelto a ser una de las principales para la ciudadanía.
 
Al respecto, tenemos que destacar que la lucha por la transparencia de la función pública implica necesariamente la existencia de una ley de información pública, de la que por ahora la Argentina carece dada la explicita oposición del gobierno nacional para aprobarla.
 
 
En diciembre del año pasado perdió estado parlamentario la media sanción que el Senado de la Nación había dado al proyecto de ley de acceso a la información en 2010.
 
Ese mismo año desde la Cámara de Diputados habíamos trabajado en conjunto con otras fuerzas opositoras en la elaboración de un proyecto de ley que recogió los aportes de distintos sectores de la sociedad civil y las recomendaciones de la Ley Modelo de Acceso a la Información Publica de la OEA, pero que lamentablemente no contó con la venia de la bancada kirchnerista para aprobarlo. Mantenemos desde entonces nuestro reclamo sobre la necesidad imperiosa de sancionar una ley nacional de acceso a la información pública.
 
Contar con legislación avanzada en esta materia permitiría mejorar la calidad de nuestra democracia y aumentar la capacidad de los ciudadanos para controlar el accionar de los funcionarios.
 
Una ley de acceso a la información habilitara, entre otras cosas, a cualquier ciudadano a conocer detalladamente las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, controlar la ejecución del presupuesto de cada dependencia estatal y acceder a estadísticas fidedignas acerca de cada área.
 
En otras palabras, esto permitiría, por ejemplo, conocer las estadísticas completas sobre criminalidad, el destino detallado de los miles de millones de pesos que distribuye mensualmente el Estado en subsidios, y los fundamentos, objetivos y decisiones detrás de las políticas públicas.
 
A casi una década de la aprobación del Decreto 1172 de acceso a la información, firmado por el presidente Néstor Kirchner, la Argentina es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con legislación en esta materia.
 
El decreto vigente representó un avance, pero es claramente insuficiente puesto que aplica solo para el Poder Ejecutivo y deja demasiada discrecionalidad a las dependencias oficiales a la hora de brindar (o negar) la información requerida.
 
La corrupción a pequeña y gran escala esta intrínsecamente relacionada con la opacidad y la falta de transparencia. Una ciudadanía informada, que pueda exigir rendiciones de cuentas por parte de sus funcionarios, podrá ejercer de forma plena su derecho contar con un Estado eficiente y transparente. La ley de acceso a la información pública es la herramienta para conseguirlo.