lunes 06 de mayo de 2013, 09:33h
A partir de enero del 2007, ante la aceleración de la tasa
de inflación, el gobierno K. decidió, en lugar de cambiar la política
económica, controlar el Índice de Precios al Consumidor.
En su momento, opinando sobre esta "innovación tecnológica",
manifesté que, dado que no se pensaba cambiar la política monetaria y fiscal,
esta alternativa, la de alterar el índice de precios, tenía desventajas, pero
también algunas ventajas, respecto de un control directo de los precios.
Las desventajas eran obvias. Por un lado, se atacaba el
corazón de todo gobierno, su credibilidad. Mentir en algo que es tan fácil de
comprobar por cualquier persona que consuma y pague lo que consume en la
Argentina, desprestigia a quién lo instrumenta y le hace perder legitimidad
ante cualquier anuncio futuro. No es casual que nadie importante quiera hablar
de inflación desde el gobierno.
Por otro lado, al confesar que se mentía en el índice para
"pagar menos deuda indexada" (recuerden que este gobierno había emitido títulos
ajustables por la inflación), se declaraba un default encubierto cerrando, desde ese momento, el acceso para
el Estado a préstamos voluntarios a tasas razonables.
Pero el hecho de no controlar los precios, y sólo fraguar el
índice, tenía la ventaja de interferir mínimamente en la economía real,
evitando inflación reprimida, desabastecimiento, el surgimiento de mercados
negros, etc.
Es cierto que algunos productos y servicios fueron sometidos
a un control más estricto,con autorizaciones de aumentos diferenciales. Pero no
es menos cierto que se permitían incrementos periódicos, y la inclusión de
"productos nuevos", con precios libres.
También es cierto que el intento por "defender la mesa de los
argentinos", generó distorsiones de precios en el mercado de la carne vacuna,
las harinas y otros bienes alimenticios, pero, insisto, estas intervenciones
fueron transitorias y, finalmente, los precios, en general, ajustaron.
En otras palabras, el control del índice afectó seriamente
la credibilidad del gobierno, le impidió, acceder al mercado de deuda
voluntario, se crearon problemas transitorios en mercados sensibles, pero, en
promedio, ni el abastecimiento, ni la rentabilidad de los grandes productores y
cadenas se vieron seriamente afectadas.
Además, lo que no se pudo ajustar plenamente en precios, se
compensó, en las grandes empresas, con más volumen, y estableciendo un mix de
precios rentable entre productos "Premium" y productos "populares".
Pero, a partir de febrero de este año, en un intento por
quebrar expectativas de inflación creciente, y tranquilizar el escenario de
negociaciones paritarias, en un año electoral, el gobierno decidió, además de
controlar el índice, congelar
directamente algunos precios, e intentar un aumento del salario real "de
prepo", en una economía que, estancada, ya no genera empleo privado y no puede
aumentar el salario real "voluntariamente".
Sin embargo, sin otros cambios en la política económica, y
sin credibilidad en materia inflacionaria, por lo ya comentado, el resultado de
este cambio de política, hasta ahora, ha sido magro.
Las expectativas de inflación siguen elevadas y, por lo
tanto, más allá de la voluntad de los líderes sindicales, las bases presionan
por aumentos de salarios similares a esas expectativas. Esos aumentos son
inviables para los sectores con precios congelados, dado que, ya sin más
volumen, afectan directamente su tasa de rentabilidad. Estamos, entonces, ante
una típica "trampa 22".
El gobierno pretende recuperar salario real y,
simultáneamente bajar la tasa de inflación.
Controla algunos precios para moderar las expectativas de inflación,
pero, como no es creíble, las demandas salariales se mantienen elevadas. Para
que estas demandas no rompan el congelamiento, por el lado de las empresas, los
ajustes salariales se demoran, o se pactan en cuotas. Pero al pactarse de esta
manera, el salario real cae. Sí, por el contrario, convalida aumentos
salariales en función de las expectativas, lo que no aguanta es el
congelamiento.
En este particular "equilibrio" iremos transitando el camino
hacia las elecciones. Como el salario real no puede crecer en una economía
estancada y con atraso cambiario, los aumentos nominales que finalmente se
produzcan, terminarán en los precios, o en la brecha. O en ambos.
Más que cambiar de control, hay que cambiar de políticas.