El radicalismo expresó su preocupación por la Comunidad QOM

El presidente del Bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, presentó un proyecto para "repudiar las agresiones verbales y físicas sufridas por la familia de Félix Díaz, y exhortar a las autoridades a respetar y proteger sus derechos humanos y los de su familia y comunidad".
 
Recordó que "el 2 de julio de 2012, el Bloque de diputados nacionales de la UCR realizó una jornada en el Congreso de la Nación, para discutir sobre derecho a la consulta a los pueblos indígenas, a la que había confirmado su presencia Félix Díaz".
 
Sin embargo, explicó que Díaz debió cancelar su participación "debido a que su familia había sufrido amenazas en los días previos y se veía forzado a ocuparse del asunto. Asimismo, la línea de su teléfono celular habría estado cancelada debido a que se habría denunciado su extravío por una tercera persona".
 
"Es lamentable la triste y sugerente coincidencia de que una actividad auspiciada en el marco de la actividad legislativa y dirigida, precisamente, a escuchar a los representantes de los pueblos originarios, se haya visto opacada por las renovadas agresiones a Félix Díaz y su comunidad", concluyó.
 
Por su parte, el diputado y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Manuel Garrido, declaró: "Estos hechos de violencia tienen un responsable político, que es el Gobernador de la Provincia Gildo Insfrán."
 
"La comunidad Qom está siendo castigada una y otra vez con violencia ejercida desde el mismo Estado, por acción o por omisión, dado que las agresiones que reciben no son investigadas ni sancionadas. Eso convierte a la provincia en cómplice y en responsable directo de estos actos.", disparó.
 
"Vamos a pedir nuevamente que se investiguen estos lamentables hechos, y solicitamos al Estado provincial y nacional que actúen de forma inmediata para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de la familia de Félix Díaz y de su comunidad".
 
El pasado abril los legisladores de la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara baja, viajaron a Formosa para relevar la situación de los pueblos originarios de esa región del país, y produjeron un informe que entre otros problemas, incluye la ausencia del relevamiento territorial que ordena la ley 26.160, el reclamo de regularización dominial y titularización, y la la solicitud de que se extiendan los programas de viviendas a las comunidades de pueblos originarios de la región.
 
La diputada Patricia De Ferrari, quien fue parte de la delegación que realizó el viaje, indicó que allí pudieron ver de primera mano lo comprometido que están los derechos humanos de esas poblaciones y aseguró que "es urgente que las autoridades nacionales dejen de mirar para otro lado y terminen con la protección a quienes amparan estas gravísimas agresiones".