Menem apeló el fallo que lo condenó por contrabando de armas

 La Fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Irma García Netto, apeló a su vez las absoluciones dictadas a favor del ex asesor presidencial Emir Yoma y los ex funcionarios de los ministerios de Defensa, Mauricio Muzi, y de Relaciones Exteriores, Enrique Julio De la Torre.

El recurso de Menem fue presentado por su defensor, el abogado Maximiliano Rusconi, para que se deje sin efecto la sentencia de la Sala I de la Cámara.

El 8 de marzo último la Sala I de la Cámara dejó sin efecto el fallo absolutorio que había dictado el Tribunal Oral en lo Penal Económico Tres (TOPE 3) para todos los acusados por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

La decisión de la Sala I de la Cámara incluyó, además de Menem, al ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el ex interventor en la Dirección General de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, y su ex colaboradora en ese organismo Teresa Irañeta de Canterino.

Los camaristas Raúl Madueño, Juan Gemignani y Luis Cabral difirieron la imposición de la pena (que para contrabando agravado tiene una escala de 4 a 12 años de prisión) a lo que resuelva el tribunal oral que intervendrá en el caso.

También fueron condenados Diego Palleros, Manuel Cornejo Torino, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Haroldo Fusari, Carlos Alberto Nuñez, Julio Jesús Sabra, Edberto González De la Vega y Carlos Jorge Franke.

La sala I de la Cámara ratificó entonces las absoluciones que el TOPE 3 había dictado en setiembre de 2011 a favor de Yoma, Muzi y de la Torre y el sobreseimiento, por prescripción de la acción penal, del ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik.

En el fallo, de 237 carillas, los camaristas destacaron la firma por parte de Menem de los decretos 1.697/91 y 2.283/91 por los que se autorizó la venta de armas a Panamá y el 103/95 para el envío de armamento a Venezuela, "destinos falsos" de los embarques de material bélico con "la percepción indebida de ingresos".

Los camaristas concluyeron que Menem sabía que el destino Panamá era "ficticio", porque como era un hecho "público y notorio" que entonces ese país "se encontraba sometido a una invasión de los Estados Unidos, en modo alguna podía ser destinatario de material bélico".

Agregaron que en los decretos "se incluyó un material incompatible con el tipo de fuerza de ese país que lo recibiría" ya que figuran "188 morteros, 3.450 minas terrestres no metálicas antipersonal, 2.300 minas terrestres no metálicas antitanque, 54.050 granadas de mano explosivas, 805 cohetes pampero y 200 misiles antitanque hiloguiados".

Los jueces indicaron que "también en el caso del decreto 103/95 Menem sabía que el destino Venezuela consignado en el mismo era falso y que el real sería Croacia, así como que también posteriormente supo que además se enviaría material bélico a Ecuador".

La investigación se inició en 1995 cuando el abogado Ricardo Monner Sans denunció que esos "falsos destinos" se utilizaron para simular las ventas a Ecuador (Argentina era garante de la paz en el conflicto que mantenía con Perú) y a Croacia, donde pesaba un embargo internacional.

Los buques Opatija, Senj, KRK, otra vez Opatija, Grobnik y Ledenice, que zarparon del puerto de Buenos Aires, el 21 de setiembre de 1991, 8 de junio de 1993, 26 de junio de 1993, 14 de agosto de 1993, 27 de noviembre de 1993 y 12 de marzo de 1994, respectivamente, bajo el amparo de los decretos 1.697 y 2.283/91, tuvieron como destino real Croacia.

Al amparo del creto 103/95 se realizó el embarque en el buque Rijeka Express que el día 3 de febrero de 1995 tuvo como destino Croacia y los vuelos de la Aeronave DC-8, matrícula 54N57FB con armamento para Ecuador.

Además, según la Cámara, se probó que en los embarques se incluyó armamento que no figuraba en las normas presidenciales.

La Sala I de la Cámara consideró que hubo un aprovechamiento de esos decretos para "clandestinamente exportar" el material bélico y beneficiarse con los reintegros.

Entre el material bélico figuraban obuses italianos y cañones Citer que fueron retirados de unidades del Ejército Argentino y a los que se les suprimió la identificación y numeración" y "pólvora, municiones y armas viejas, de funcionamiento anormal y de uso prohibido por su peligrosidad".

Para los jueces "se acreditó también que en la ex Yugoslavia se tuvo conocimiento de estas ventas de armas a Croacia, lo que puso en peligro a las tropas argentinas allí destacadas en función de garantes de la paz por las Naciones Unidas".