Regresismo

Las recientes críticas, por parte de las autoridades nacionales, al eventual incremento del precio del viaje en subterráneo, resultan, cuanto menos, curiosas.


El argumento central, es que una suba fuerte de dicho precio, afecta el bolsillo de los consumidores y deja menos dinero disponible para otros consumos. Esta crítica se ha hecho extensiva, también, a otras jurisdicciones, tanto municipales, como provinciales, referida a la suba generalizada de impuestos y tarifas locales, agregando, en estos casos, la supuesta presión inflacionaria que generan.


Por razones de espacio, me voy a concentrar en el primer aspecto de las críticas, las referidas a la suba del costo del transporte subterráneo.


Más allá de la necesidad de revisar el contrato de concesión y establecer los verdaderos costos, para determinar el precio adecuado del viaje, lo cierto es que, provisoriamente, se trata de una medida que mejora la distribución regional y personal del ingreso.

En efecto, hasta el traspaso de la jurisdicción del transporte subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires, el déficit operativo del servicio y las escasas inversiones realizadas, se cubrían con subsidios financiados por el gobierno nacional, es decir, por impuestos nacionales e inflación.

Se daba, entonces, la situación que ciudadanos de todas las provincias, muchos de ellos que nunca han viajado, ni viajarán en el subte porteño, le financiaban a sus compatriotas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, sus viajes diarios.

Pero, como además, la ciudad de Buenos Aires, y alrededores concentra a los ciudadanos de mayores ingresos del país en promedio, toda medida que transfiera el gasto en subterráneo a sus clientes directos, es una medida "progre", dado que le quita este pago a ciudadanos, relativamente más pobres, o que regionalmente no tienen por qué pagar el transporte de los porteños de mejores ingresos.


Es decir que, cuando la Presidenta decidió traspasar el servicio subterráneo a la Ciudad, más allá de las formas y de la verdadera intención, tomó una medida racional y de justicia distributiva.

Sin embargo, la "embarró", con todo respeto, cuando, ahora, agregó "Si fuéramos a cobrar lo que cada servicio vale, la economía estallaría". Como si, financiar los servicios con impuestos nacionales e inflación fuera mejor que financiarlos con la recaudación aportada por quienes los consumen directamente.


Se parte de la falsa premisa que todo gasto público, independientemente de su destino y forma de financiarse es "popular" y que el financiamiento de un servicio público con el bolsillo de quién lo consume es "de derecha".


El ejemplo anterior, muestra la falacia de este enfoque. Pero, obviamente, no es el único ni el más escandaloso.

Tómese el caso de Aerolíneas Argentinas, que más allá de contar ahora con mejores aviones y servicios, sigue sosteniendo rutas internacionales deficitarias, que son pagadas a través de impuestos nacionales e inflación, por ciudadanos que difícilmente utilicen dicho servicio, subsidiando a gente de mayores ingresos relativos, en condiciones de pagar más caro un viaje al exterior o, en todo caso, de recibir los beneficios del "subsidio" que ciudadanos de otros países otorgan, a través de sus propios impuestos, a sus aerolíneas estatales.

Por supuesto que financiar el transporte, o la energía con precios plenos, puede convertir dichos consumos en prohibitivos para sectores de menores ingresos, pero para eso esta el sistema de transferencias directas, como la asignación universal por hijo, o los descuentos para jubilados y pensionados, o el boleto estudiantil, etc.


Efectos regresivos, como los citados, también se observan en la provisión de gas natural, en dónde se ha condenando a quienes usan gas envasado en garrafa a pagar hasta cuatro veces más que lo que paga un ciudadano con mejores ingresos que lo recibe a través de la red.


Finalmente, cuando se mantiene artificialmente bajo el precio de un bien o servicio, mediante subsidios públicos o controles, lo que se hace es incrementar la demanda de dichos bienes y servicios y reducir la oferta de los mismos, con lo cual, como ha pasado en estos años en la Argentina, con la energía o el transporte, el gasto y las importaciones a cubrir son cada vez mayores, y obligan a más impuestos, más inflación, y más controles. (Un gran efecto regresivo).


Muchos, en la región, ya han entendido la diferencia entre populismo y progresismo, a nosotros, lamentablemente, todavía nos falta.