Subsidios

Finalmente, parece que el gobierno nacional ha decidido retomar  la política de reducción de subsidios al consumo de algunos servicios públicos, con la que amagó hacia finales del año pasado.
 
En aquél momento, y con la intención de no pagar costos políticos, dicha reducción consistía en la renuncia "voluntaria" a los subsidios por parte de "la buena gente".
 
Ante el obvio fracaso de esa campaña, se decidió recortar los beneficios correspondientes al servicio de energía eléctrica y gas, a barrios cerrados, countries y zonas de la capital habitadas, principalmente, por gente de mayor poder adquisitivo (incluyendo la Unidad Básica de Puerto Madero).
 
Luego, con el unilateral intento de traspasar el contrato de concesión de los subterráneos porteños, al gobierno de la Ciudad, se redujo el subsidio nacional al precio del viaje en subterráneo.
 
Ahora, se fija un tope al subsidio al precio del viaje en colectivos y trenes, pasando el costo político de la eventual suba de los precios a provincias y municipios, mientras se eleva el costo del pasaje a quienes no posean la ya tristemente célebre tarjeta SUBE.
 
 
Pero además del problema de los costos políticos,  este ahorro fiscal -los municipios y/o provincias no tendrán más remedio que autorizar aumentos en los precios del transporte en sus jurisdicciones porque tampoco tienen fondos- tiene efectos en la economía, tanto desde el punto de vista del ingreso disponible de los consumidores, como del que corresponde a las empresas de transporte involucradas.
 
En especial, porque en un entorno inflacionario del 25%, "acertar" al precio requerido del pasaje que reemplace exactamente al subsidio, es como perseguir al horizonte.
 
 
Y aquí está la clave.
 
La medida de reemplazar subsidios por precios en el consumo de servicios públicos va en la dirección correcta (siempre que se reemplacen los subsidios indiscriminados, por subsidios focalizados a los sectores de más bajos recursos, y existe tecnología para ello).
 
Pero modificar precios relativos sin insertar dichos cambios en un programa fiscal y monetario integral, tendiente a moderar la tasa de inflación, implica un deterioro creciente de la calidad del servicio.
 
 
Un ejemplo de esto ya lo vimos en Subterráneos. La decisión de recortar subsidios y reemplazarlo por un aumento del precio del viaje, tuvo como resultado que cayeran los pasajeros transportados, mientras los costos siguen subiendo al ritmo de la elevada inflación.
 
Menos pasajeros pagando, y más costos,  obligan o bien a recalcular el precio, o bien a recalcular el subsidio o, como alternativa,  a "ajustar" el servicio. (Que fue lo que se hizo).
 
Por lo que los consumidores terminaron pagando más que antes, por un servicio peor.
 
 
Generalizar este esquema a todo el servicio de transporte en el actual entorno de alta inflación tendrá el mismo resultado.
 
Seguramente, para no pagar demasiados costos políticos, los municipios, o las provincias autorizarán aumentos que cubrirán sólo, y como máximo, el déficit presente.
 
Pero los costos siguen subiendo al ritmo de la tasa de inflación, de manera que, aunque no caiga el número de pasajeros transportados que pagan su pasaje, ese nuevo déficit obligará, otra vez, o a aumentar nuevamente los precios, o a deteriorar aún más la calidad del servicio.
 
Con el mismo resultado que en Subterráneos, más precio para peor servicio.
 
Pero el del transporte es sólo uno de los cambios de precios relativos que hace falta realizar.
 
El principal, se vincula con los precios de la energía. Paradójicamente, en este caso, el gobierno dio marcha atrás con la quita de subsidios estacionales, en el precio del gas, mientras no reconoce precios nuevos para el sistema eléctrico, ni para los productores de petróleo y gas.
 
Otra vez, en un contexto de alta inflación y de precios internacionales del petróleo y gas muy distintos a los locales, el resultado es la virtual quiebra de la mayoría de las empresas del sector, y la falta de inversión en exploración y producción de las empresas petroleras.
 
Insisto, el reemplazo de subsidios indiscriminados por precios y por subsidios focalizados es parte de la solución. Intentar hacerlo en forma descoordinada, y sin compatibilizarlo con el esquema fiscal, monetario y cambiario general y con la política salarial y de inversión de las empresas involucradas, puede transformarse en un nuevo problema.