Prohíben salir del país al secretario de Transporte por la tragedia ferroviaria

La medida dispuesta por el magistrado Claudio Bonadío es "preventiva y para garantizar el buen desarrollo de la investigación" y no implica que los afectados estén imputados ni que vayan a ser indagados, dijeron las fuentes, citadas por medios locales.
 
La resolución del juez, además de Schiavi y los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA), alcanza al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; al titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Eduardo Sícaro, y a otros integrantes de la empresa ferroviaria.
 
El viernes pasado Bonadío aceptó al Estado nacional como querellante en la causa que investiga el accidente, ocurrido el 22 de febrero en la estación de Once cuando un tren de cercanías se estrelló contra una de las cabeceras de la terminal, con un saldo de 51 muertos y 703 heridos.
 
Esta decisión, según las fuentes, fue apelada por el abogado Gregorio Dalbón, quien actúa como querellante en representación de heridos de la tragedia.
 
El letrado pidió además que Bonadío fuera apartado de la causa al denunciarlo por el delito de prevaricación.
 
A su juicio, la decisión del juez de aceptar como querellante al Estado da a personas que pueden estar imputadas en la causa la posibilidad de "conocer de forma anticipada los elementos en los que se basaría tal imputación".
 
Dalbón consideró que Bonadío cometió una "flagrante violación" del Código Procesal Penal que reserva la figura de querellante "en forma exclusiva a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública".
 
El Gobierno argentino dispuso hace una semana la intervención administrativa, técnica y operativa de TBA, a cargo de la concesión del servicio de cercanías entre la capital argentina y la periferia oeste de la ciudad.
 
La intervención fue dictada en carácter temporal y cautelar, mientras se investigan las causas del siniestro.
 
Al abrir el pasado jueves un nuevo período parlamentario, la presidenta argentina, Cristina Fernández, reiteró que espera que en un plazo de 15 días estén listas las pericias que determinen las responsabilidades del accidente para poder así tomar una decisión de fondo sobre la concesión de TBA.
 
Los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobaron el pasado viernes por unanimidad un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre el estado de los servicios a cargo de TBA.
 
Durante la reunión, Alejandro Nieva, uno de los siete integrantes de la AGN, destacó que el informe "es muy revelador e importante" para que "el Poder Ejecutivo y la Justicia tomen decisiones" sobre la concesión del servicio ferroviario.
 
Para el titular de la AGN, Leandro Despouy, "se verificaron causales de incumplimiento (del contrato de concesión) muy reiteradas y graves".