Cuestión personal

La regla a la que está condenada nuestra frágil democracia es la de que en función de los intereses personalistas se postergan o deciden las reformas constitucionales. Uribe cambió la Carta para hacerse reelegir. Hoy muy pocos le jalarían a reformar la Constitución para restablecer la prohibición de la reelección, pues ya se oye hablar del “derecho” del presidente Santos a hacerse reelegir, porque el derecho del pueblo a rescatar la coherencia de su Carta Fundamental es secundario. Que perdure la reelección, al menos mientras una sola persona consigue reelegirse. El mal hizo metástasis en el proyecto de reforma a la justicia, aprobado mientras el país dormía. Se trata de un compendio de privilegios para personas involucradas en la Rama Judicial, no para solucionarles a los ciudadanos el acceso a la justicia o los ríos de impunidad que los atropellan diariamente. Para empezar, es un desacierto que el Gobierno pretendiera concertar con las cortes la reforma que precisamente las afectaría, en vez de haber defendido sus puntos de vista. El asunto ha quedado reducido a que el Gobierno perdió el control de un proyecto que terminaron tejiendo las cortes a su imagen y semejanza, y por eso la opinión lo ha recibido tan mal. No se comprende cómo una reforma que se anunció dizque para acabar con el Consejo de la Judicatura, termina fortaleciéndolo. O el Gobierno improvisó cuando armó todo el ruido contra esa corporación o sencillamente mentía. Hay quienes aseguran que gracias al inmenso poder burocrático del Consejo, que tiene arrodillado al Congreso, el Gobierno tuvo que desistir de abolir este elefante blanco que continuará integrando las ternas para magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y, además, manejando el botín de la Rama Judicial. Tampoco se entiende cuál beneficio traerá a la justicia que a los magistrados de las altas cortes se les extienda su período de 8 a 12 años y su edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. La propuesta solamente les sirve a ellos, como privadamente lo comentan algunos. ¿Quién fue el autor de esta iniciativa? Me resisto a creer que haya sido un magistrado, pero si fue alguien del Gobierno, que nos expliquen, entonces, por qué no han tenido la delicadeza elemental de sugerir que el artículo sólo rija para quienes sean nombrados en el futuro. Al ciudadano de a pie de qué le sirve que los centros de arbitraje se conviertan en juzgados, como lo pretende el proyecto. O es que el Gobierno quiere privatizar la justicia, para que las grandes causas públicas sean falladas por costosos tribunales arbitrales conformados por codiciosos lagartos, siempre dispuestos a condenar al Estado y favorecer intereses privados. Que el Gobierno haya permitido que a última hora el ministro de Defensa hubiese incluido en el proyecto de reforma a la justicia —que llevaba un año en discusión— la ampliación del fuero militar, y que lo hubiera retirado a las carreras, sugiere ligereza. En cambio las facultades nominadoras para intervenir en la elección de fiscal, procurador y contralor, que politizaron las cortes, quedarán intactas. Se trataba de no fastidiar; por eso tampoco hay todavía solución a la necesidad democrática de que las sentencias de las altas cortes puedan ser entuteladas y revisadas por la Corte Constitucional. Lo que era urgente y necesario quedó en el olvido. Y para cerrar con broche de oro, se revive una perla de tinte totalitario, por medio de la cual se faculta a cualquier autoridad, para detener a un ciudadano hasta por 36 horas. Qué vergüenza, pero sobre todo, qué miedo. Tiene razón el presidente cuando pregona que como el proyecto de reforma a la justicia fue concertado, no hubo vencedores. A todos les dieron. Apenas perdió el de siempre: Juan Pueblo. Adenda. ¿Quién amenazó a Laura Gil? Solidaridad con la valerosa columnista, que hará falta.