Está por habilitarse lo que en la práctica no es otra cosa que una ampliación de esa gran ley de amnistía que conocemos como la ley de justicia y paz.
Se trata de una ley de amnistía tal y como fue concebida desde un principio por el Ejecutivo, que negoció directamente el desmonte de esos ejércitos ilegales en unos términos que todavía no conocemos y que, para cumplir con las exigencias de la justicia, propuso una ley de alternatividad penal, cuyo promotor fue el doctor Mario Iguarán, quien más tarde se convertiría en Fiscal General de la Nación.
Cuando la ley de alternatividad se cayó por el peso de su propia vergüenza, se planteó la ley de justicia y paz, que en su primera versión era bastante parecida a la de alternatividad hasta cuando llegó a examen de constitucionalidad, en donde se incorporó su característica más notable: los postulados debían contar la verdad, cooperar con la justicia y reparar a sus víctimas para acceder al beneficio. Este marco debía resolver la situación legal de todos los desmovilizados que se han acogido hasta ahora.
Aunque la desmovilización empezó en el 2003, la ley no se sancionó hasta el 2005 y ha enfrentado toda suerte de obstáculos para su implementación. No hay duda de que, gracias a ella, se ha visibilizado a las víctimas, se han identificado fosas comunes y se cuenta con un récord mucho más real de cómo y quiénes son los responsables de los ciclos más recientes de la violencia en Colombia. La Fiscalía General de la Nación y en especial la Unidad Especializada han cumplido una labor valiente, solitaria, dolorosa y compleja, y lo han hecho sin los recursos necesarios y con un profundo sentido de solidaridad con quienes tanto han sufrido.
Sin embargo, hay datos puntuales que afectan mucho la evaluación general del proceso: en 6 años solo ha producido 4 condenas y buena parte de los postulados ya cumplieron o están por cumplir el máximo tiempo previsto como condena en caso de sentencia, lo que nos enfrenta a la inminencia del cierre prematuro de los casos y a la seguridad de que no se conocerá la verdad.
Es una amnistía de la que se han beneficiado aproximadamente la mitad de los 55.000 desmovilizados registrados hasta ahora. El nuevo proyecto buscaría resolver la situación de los faltantes. En todo este proceso no ha mediado un gran pacto político de transición, no se han dado a conocer los fundamentos de lo que sería una política de Estado en materia de paz y ni siquiera se ha nombrado a un comisionado, lo que en la práctica contradice el discurso oficial según el cual estos esfuerzos hacen parte de una política para promover el perdón y la reconciliación entre los colombianos, lo que nos deja con la dura certeza de que este nuevo proyecto de amnistía no es nada distinto que un remiendo de mala factura, que se suma a una montaña de improvisaciones inconsultas que pasan a medianoche, que solo contribuyen a la impunidad y cuyos resultados han ido en detrimento, no en favor, de la paz: un 20 por ciento de los desmovilizados 'perdonados' han regresado a la ilegalidad y hoy engrosan las filas de los nuevos ejércitos tras el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la tierra.
El perdón es un acto cuya motivación procede de profundas reflexiones éticas y morales que tienen lugar en el fuero más íntimo de las víctimas, no en el de la política pública. Que las víctimas decidan perdonar no exime al Estado de la obligación de hacer justicia, más aún cuando la violencia tiene origen en su incapacidad para prevenir o protegerlos de la violencia que arrasó con sus vidas.
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