Acuerdo de la Fiscalía con 60 acusados por el fraude de la lotería nigeriana

La Fiscalía Anticorrupción y tres defensas han llegado a un acuerdo de conformidad en el denominado caso 'Nilo', contra el presunto fraude a través de cartas que comunicaban premios falsos de lotería, que afecta a 60 de los más de 160 acusados iniciales, según han informado fuentes judiciales.
   Las fuentes han precisado que se han presentado ante la Sección Novena de la Audiencia de Málaga, encargada de juzgar este caso, tres escritos, en los que se modifica la acusación inicial a estos acusados, rebajando la pena de prisión solicitada inicialmente, al eliminarse el delito de asociación ilícita.
   Así, según han manifestado a Europa Press, se les acusa de un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad, pero han explicado que no se considera "un delito masa" y, por tanto, no se agrava la pena, que se ha fijado para estos procesados en 23 meses y 15 días de prisión.
   Lo referente a la responsabilidad civil, es decir, las indemnizaciones a las víctimas, se resolverá en ejecución de sentencia, según las fuentes, quienes han indicado que en ese momento se verá cada caso de forma individualizada, asegurando que se va a procurar que "reparar" el daño.
   En este sentido, han matizado que la posible suspensión de la condena que se podría aplicar se referiría "únicamente" a la privación de libertad y han insistido en que "una cuestión clave" será que los acusados respondan en la parte proporcional de las indemnizaciones.
  Han dicho que en el escrito se hace mención genérica al artículo 81 del Código Penal, que se refiere a las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, que son que haya delinquido por primera vez, que la pena impuesta no sea superior a dos años y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles.
   El juicio está previsto que comience en la Sección Novena el próximo 9 de noviembre e inicialmente se habían previsto un total de 49 sesiones y que terminara el 22 de mayo. De los 168 acusados iniciales, más de 100 procesados habían sido citados para asistir a la vista oral.
   La Policía Nacional desarrolló en julio de 2005 la operación 'Nilo III', en la que fueron detenidos 310 individuos, la mayoría nigerianos, por estafar a personas de 45 países. De los detenidos, más de 250 ingresaron en prisión, pero, finalmente, la acusación se concretó en el caso de 168 personas.
   La acusación fijó en 247 los presuntos fraudes cometidos, procediendo los perjudicados de una treintena de países distintos, entre ellos Australia, Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Chipre, Líbano, Qatar, Hungría, Singapur, Eslovenia, Grecia, Botswana o Malasia.
   Las cantidades defraudadas oscilaron entre los 96.000 y los 525 euros, aunque también hay cantidades como 221.000 dólares. Los investigadores de la Policía Nacional habían recibido, antes de iniciarse el procedimiento judicial, unas 477 denuncias directamente relacionadas con este fraude.
   Dentro de la investigación se llevaron a cabo numerosos registros y análisis de los números de teléfonos móviles facilitados en la documentación remitida en las cartas, con lo que se pretendían localizar los domicilios y locutorios desde los que actuaban los supuestos defraudadores, según la acusación pública inicial.
   Según las conclusiones provisionales del fiscal, "la inmensa mayoría de los acusados no realizaba actividad laboral alguna, ni poseían medios legales de vida", siendo su única fuente de ingresos "la actividad delictiva descrita, muy lucrativa, que les permite recibir ingentes cantidades de dinero del exterior".
   De las investigaciones se desprende que se seleccionaban las víctimas y se adquirían sellos y sobres, con los que confeccionaban cartas, que se remitían en varias remesas y de manera simultánea e indiscriminada a miles de residentes extranjeros, conteniendo documentos en los que se simulaban membretes de apariencia real.
   Uno de los escritos que se adjuntaba era la notificación de un supuesto premio de lotería, informándose de cómo obtenerlo y del plazo para hacerlo; mientras que otro documento era un formulario en blanco, que tenía que rellenar el agraciado y con el que se obtenían los datos personales.