El caso del asesinato de
Mari Luz Cortés está revolviendo cielo y tierra. La sensibilización social con el caso ha llegado hasta la Moncloa y ha derivado en la promesa de
Rubalcaba de la pronta creación de un registro de pederastas, así como un endurecimiento de las penas. Pero todavía queda por aclarar cuál será el castigo final para aquellos que dejaron en libertad a
Santiago del Valle cuando debía estar en prisión por el gravísimo delito de abuso sexual contra su hija menor.
Por un lado, la secretaria judicial del juez
Tirado,
Juana Gálvez, ha sido sancionada con dos años de suspensión de empleo y sueldo por la dilación de sus funciones, una
“desatención grave” que se vio agravada por el perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria. Sin embargo, este castigo contrasta con la multa de 1.500 euros impuesta al magistrado a cargo del caso. Los compañeros de Gálvez han asegurado que se trata de culpar a un “
chivo expiatorio” y han convocado un
paro solidario para el próximo día 21 de octubre.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha justificado esta sanción diciendo que "
no es injusta y muchos no avalarían esa idea si antes no se hubiera dejado en una mera multa la sanción al gran responsable del órgano" ya que, dijo, probablemente lo que haya que hacer es
"criticar la escasez de esa sanción porque la gran responsabilidad de un juzgado la tiene el juez".
Jueces conservadores y progresistas
La sanción de la secretaria viene del ministerio de Justicia y por dicha vía ha sido recurrida. Sin embargo, la condena al juez Tirado debe ser analizada por el Consejo General del Poder Judicial, un órgano recientemente renovado con polémica.
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De los veinte magistrados que componen el órgano, nueve han sido propuestos por el PSOE, nueve por el PP, uno por CiU y uno por PNV. Además algunos dudan del posicionamiento que podría adoptar el presidente electo,
Carlos Dívar.
A esta distribución se suma un elemento a tener en cuenta y es que el juez Tirado es miembro de la conservadora Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), una asociación a la que también pertenecen la mayoría de los jueces que han sido propuestos por el Partido Popular. El problema surge cuando por un lado, el presidente del Gobierno,
Rodríguez Zapatero, se ha manifestado expresamente en contra de la “
irrisoria” multa impuesta al juez y por otro, la mencionada asociación siempre se ha posicionado en ‘defensa’ de los jueces y reacia a medidas que les perjudiquen con un ‘
blindaje’ corporativista.
La polémica está servida y probablemente la semana próxima se despejen las dudas. ¿El caso Mari Luz prenderá de nuevo la mecha en los altos órganos judiciales? De momento, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho pública este miércoles una nota que no deja de ser curiosa. La nota es la siguiente:
"Con motivo de las reiteradas declaraciones públicas realizadas en los últimos días con respecto al expediente sancionador del magistrado D. Rafael Tirado, el Consejo General del Poder Judicial, que acaba de iniciar su andadura, quiere manifestar que ejercitará sus funciones con la máxima responsabilidad, con arreglo a la Ley y total transparencia al servicio de los ciudadanos".
Si (
No(
