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El Ministro de la Presidencia realizó una larga exposición

Leopoldo Fernández habría armado un red de corrupción

Leopoldo Fernández habría armado un red de corrupción

El Gobierno denunció ayer que el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, armó una red de nepotismo y tráfico de influencias basado en su entorno familiar, en los cívicos de ese departamento y en estructuras políticas que saquearon los recursos departamentales y que participaron de la matanza en la localidad de Porvenir. Los allegados a la ex autoridad piden pruebas.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien estuvo en Cobija tras la matanza de campesinos en la localidad de Porvenir, mostró ayer la estructura de poder que se habría consolidado en torno a Fernández. Según su explicación, al menos cinco brazos operaban en la Prefectura: familiar, cívico político, represivo, financiero y de medios de comunicación.

“La masacre de Porvenir y Filadelfia (dijo el Ministro) tiene su raíz profunda en esta estructura de poder que se ha defendido a sangre y fuego, matando a campesinos inocentes, masacrando a la gente y hasta hoy ejerciendo abusivamente el poder en el departamento de Pando”.

Aurelio Valenzuela, abogado del Prefecto electo, dijo que no se enteró de la denuncia del Gobierno, pero explicó que de ser así “vamos a exigir (pruebas), y en cuanto conozcamos (la denuncia) vamos a pronunciarnos".

El ex secretario de Asuntos Jurídicos de la Prefectura pandina, Fernando Paz, dijo que no le compete referirse sobre las acusaciones del Ejecutivo. “No se trata de lavarme las manos, pero tendrían que dar explicaciones personas de otras áreas, pero no sé con quienes exactamente”.

Según Quintana, Fernández asumió el poder autocrático, cacical, financiado con recursos económicos de la región y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El Ministro sostuvo que al menos 24 familiares de la ex autoridad y de su esposa, entre primos, tíos y sobrinos, tenían ítems en reparticiones del gobierno departamental.

Explicó que de esa manera logró transferir buena parte de los recursos departamentales a su familia, con lo cual convirtió a el gobierno departamental en una suerte de feudo.

Censuró también el alineamiento incondicional del Comité Cívico, presidido por Ana Melena de Suzuki, al Prefecto. Según su denuncia, esta representante recibió 60 cheques por más de cuatro millones de bolivianos. Además, dijo, su esposo fue contratado como funcionario prefectural y también como consultor.

“Esos hechos demuestran que la entidad cívica es una extensión burocrática de la Prefectura de Pando, y no cumple su función real de defender los intereses de los ciudadanos”.

Igualmente mencionó los nombres de varios parlamentarios de la oposición, entre ellos de Róger Pinto, jefe de la bancada de senadores de la opositora agrupación ciudadana Poder Democrático Social (Podemos), que a cambio de favores, dijo, ocultaban todas las acciones ilegales del Prefecto pandino. Aseguró que uno de los parlamentarios más beneficiados con contratos de obras en ese gobierno departamental fue Ronald Camargo Suzuki.

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