2.000 cántabros ya han recibido prestaciones de la Ley de Dependencia

Gorostiaga clausuró  el Foro para la Calidad (FOCA) organizado por AMPROS, que ha reunido a profesionales de entidades dedicados a la atención de personas con discapacidad intelectual procedentes de diferentes Comunidades Autónomas, para compartir experiencias y avanzar en la mejora de la calidad de los servicios.

Durante la clausura, la vicepresidenta regional estuvo acompañada por la vicepresidenta de AMPROS, Carmen Sánchez, y el director gerente de dicha asociación, Julián Ocáriz.

En su intervención, Dolores Gorostiaga explicó que, desde el 2 de mayo del año pasado, la Consejería de Empleo y Bienestar Social ha recogido más de 9.000 solicitudes para acogerse a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia, de las que se han mecanizado 5.443 solicitudes (84,5 por ciento).

Además, señala, se han realizado 5.837 valoraciones y "todas esas personas han recibido su correspondiente Resolución de la Administración con el reconocimiento de la situación de dependencia". De estas personas valoradas, a 4.284 se les ha reconocido un Grado y Nivel de dependencia que les da derecho a la protección y, de ellas, 2.033 personas están recibiendo ya los servicios o prestaciones del sistema.

'Momento Histórico'

 Gorostiaga indicó que, desde la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, que suponen "un gran hito en el progreso social", la región vive "un momento histórico en lo que se refiere al desarrollo de los servicios sociales".

Para ello --dijo-- el Gobierno de Cantabria venía trabajando desde 2004 para que los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria pudieran "disfrutar de los beneficios de la Ley cuanto antes", para lo que se ha hecho "un gran esfuerzo presupuestario y de planificación y organización".

Este trabajo, "nos ha colocado a la cabeza de la puesta en marcha de la Ley, tanto en lo concerniente a la mera gestión del procedimiento, como en el desarrollo normativo que posibilita el hacer efectivo el derecho a los servicios y prestaciones del sistema", destacó Gorostiaga.