Un categórico respaldo al juez que procesa a los Pinochet

El ministro Cornelio Villarroel resolvió sobreseer la investigación administrativa en que buscaba determinar si el magistrado Carlos Cerda incurrió en alguna falta por las declaraciones que formuló a la prensa mientras permanecía en  Estados Unidos para recibir el premio que le otorgó la Fundación Gruber.

El presidente de la Corte de Apelaciones concluyó en su informe que de acuerdo a los preceptos legales consignados en la Constitución, prevalece en este caso el derecho de opinión y, por tanto Cerda no faltó al artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales.

En el documento Villarroel señala que  “del tenor de las palabras pronunciadas por el ministro señor Cerda al diario El Mercurio, no se advierte que dicho magistrado haya atacado en ninguna forma la conducta oficial de los jueces”.

Puntualiza que por “ello que este ministro, en el transcurso de esta puntual investigación administrativa, ha adquirido la certeza de que las declaraciones del señor Cerda gozan de aquella legitimidad jurídica que emana del hecho de haberse encontrado autorizado constitucional, legal y plenamente para ello, esto es, con el título constitucional suficiente para el ejercicio efectivo de su libertad de opinión, por no ser sus derechos propios distintos a los de otro ciudadano no judicial”.
 
Más categórico aún el magistrado precisa que “negarle el ejercicio del derecho de opinión llevaría por lo demás al absurdo de sostener que los miembros de la Corte Suprema puedan estar sujetos al juicio de todas las demás personas y no puedan estarlo en cambio al juicio u opinión de un miembro del Poder Judicial, que sí tiene el privilegio de conocer todos los ámbitos que conducen a la administración de justicia y que puede por lo tanto expresarse, con mayor autoridad y conocimiento, acerca de lo que le parece pueda lograr un mayor avance y perfeccionamiento en la administración de justicia”.

La decisión del ministro Cornelio Villarroel fue notificada al afectado y será conocida ahora tanto por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y por la Suprema.

La resolución se conoce a menos de una semana de que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones acogiera los amparos deducidos por miembros del clan Pinochet y ex colaboradores del régimen militar que fueron procesados por Cerda en el marco de las indagatorias del caso Riggs.

Cerda sometió a proceso a 23 personas, entre ellos toda la familia Pinochet y ex uniformados cercanos al ex dictador. El juez determinó que había presunciones fundadas de que estas personas habían incurrido en el delito de malversación de caudales públicos. No obstante la Corte de Apelaciones desestimó gran parte de sus encausamientos por lo que ahora todo queda en manos de la Suprema, que deberá decidir si mantiene las encargatorias de reo o definitivamente las revoca.