El vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, anunció que la decisión de que la reforma del Estatuto de Autonomía no se tramite en esta legislatura respeta los interes de Castilla-la Mancha, de que se apruebe cuanto antes, al no tener que volver a la Cámara regional, y afirmó que no tiene duda de que las Cortes Generales respetarán sus elementos esenciales.
Lamata explicó que si la proposición de reforma que remitieron las Cortes regionales se hubiera tomado en consideración en lo que resta de legislatura nacional, de no completarse la tramitación, habría que haberlo discutido de nuevo en el Parlamento autonómico y "empezar de cero".
Señaló que, sin embargo, con la decisión adoptada, la reforma del Estatuto de Castilla-la Mancha, que incluye la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 y una fórmula de cálculo de las inversiones del Estado en la región que tiene en cuenta la relación entre superficie, población y PIB regional, se podrá debatir tras la constituciones de las Cámaras nacionales después de las elecciones generales de marzo de 2008.
Lamata añadió que, por la información que tiene el Gobierno regional, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y de los grupos parlamentarios mauyoritarios, "podemos afirmar que ese Estatuto se respetará en los elementos esenciales, y no nos cabe duda de ello".
Sí reconoció que "habrá que discutir y afinar, y habrá que buscar conjugar los intereses de Castilla-la Mancha con los intereses del conjunto de España, y a eso estamos dispuestos, pero no a renunciar a los elementos esenciales, a los principales identificadores de ese proyecto que las Cortes de Castilla-la Mancha remitieron a las Cortes españolas", declaró.
Respecto a las declaraciones que el martes realizaba María Dolores de Cospedal, acusando al presidente Barreda de "dinamitar" el acuerdo sobre el Estatuto con su decisión unilateral de reformar la ley electoral, Lamata manifestó que "es una mala noticia para Castilla-la Mancha que el PP se salga del proyecto de defensa del Estatuto". Recordó que el proyecto que aprobaron por unanimidad PSOE y PP en las Cortes regionales no "ha cambiado nada", al igual que la decisión de su no tramitación en esta legislatura, que también fue respaldada por el PP.
Rejón de muerte para Castilla-la Mancha
Por su parte, el PP aseguró que el presidente regional, José María Barreda, "ha dado un rejón de muerte" a la reforma del Estatuto de Castilla-la Mancha, y con él a un asunto "muy importante para los castellanomanchegos" como la caducidad del trasvase Tajo-Segura. Así lo manifestaron los dirigentes del PP que negociaron el Estatuto, Leandro Esteban, Ana Guarinos y Vicente Tirado.
Según Leandro Esteban, el propio presidente regional se encargó de "retardar la tramitación" del Estatuto de Castilla-la Mancha, por lo que el retraso es "única y exclusivamente imputable" al PSOE, que tardó un año en poner sobre la mesa de negociación el documento sobre el que se trabajó. Esteban acusó a Barreda de "hacer descarrilar" el Estatuto, por lo que consideró que es "el gran fracasado" del proceso y "ha hecho fracasar a la región".
En términos similares se expresaron el secretario general del PP, Vicente Tirado, quien apuntó que lo ocurrido demuestra que Barreda carece de peso específico en Madrid, y la portavoz parlamentaria, Ana Guarinos, quien apuntó que lo conocido el martes es "la crónica de una muerte anunciada".
Guarinos culpó del retraso a Barreda, a quien tachó de "auténtico irresponsable" y quien, según dijo, es "un presidente indigno de esta Comunidad", y ha puesto en riesgo la unidad entre los partidos mayoritarios. Dejó claro que su partido exigirá responsabilidades al presidente regional.
Vicente Tirado, por su parte, dejó claro que su partido seguirá defendiendo el texto aprobado, pues está convencido de que es el mejor instrumento para el progreso de Castilla-la Mancha.
Denuncia de incumplimiento del PSOE
El PP realizó estas críticas con una nueva denuncia de los incumplimientos que, a su juicio, relaiza el PSOE respecto a los acuerdos establecidos en dicho Estatuto, como la reforma de la Ley Electoral. El PP distribuyó a los medios de comunicación un documento firmado por los seis negociadores de ambos partidos que pergeñaron la reforma del Estatuto, en el que se comprometen a que esa misma comisión acometiera la reforma de las leyes afectadas por ese texto y que regularn las instituciones de Castilla-la Mancha.
Fechado en 26 de octubre de 2006, el documento donde ambos grupos sellan su acuerdo para presentar una proposición de ley conjunta para reformar el Estatuto, establece que los firmantes "se comprometne a la que comisión continúe sus trabajos para proceder a la modificación de cuantas leyes se vean afectadas por la mencionada reforma y en concreto por las uqe se deriven del contenido del Capítulo V del Título II del borrador de la proposición de ley acordada".
El último punto del documento subraya el compromiso de que en el seno de dicho grupo "se avance en una propuesta conjunta de reforma del Reglamento de las Cortes".
El PP sostiene que el PSOE ha incumplido dicho acuerdo, que afecta entre otras instituciones al Defensor del Pueblo y a la Sindicatura de Cuentas. Según los populares, el Partidos Socialista no debería haber propuesto el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo hasta la reforma de la institución. Asegurán además que la propuesta socialista para reformar la Sindicatura de Cuentas vulnera lo acordado, que apuntaba hacia un mayor control parlamentario de las actividades del Síndico.
Los dirigentes del PP opinaron que estos documentos, junto con la propuesta unilateral del PSOE para reformar la ley electoral, demuestran que Barreda ha incumplido todos sus compromisos con el único objetivo de mantener el poder en la Comunidad.
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