OPINIÓN/Víctor Gijón
Un desfalco en una empresa pública, y más cuando la cantidad defraudada es millonaria y la persona autora de los hechos, a la que no es necesario calificar de presunta dado que ha confesado los hechos ante el juez, era un alto cargo directivo, debe y tiene que tener consecuencias políticas, además de las judiciales.
De la estafa en Mercasantander hay una responsable, la empleada infiel, pero dos cooperantes necesarios que deberían asumir sus responsabilidades. De un lado, el director de la empresa, Juan José Fernández, que entre 1995 y 2003, y mientras se dedicaba a la actividad política con el PP, puso al frente de la empresa a la ahora encausada. Del otro, el ex alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, que a pesar de ser el presidente del Consejo de Administración de Merca ni se enteró de los tejemanejes de su empleada, ni tampoco de que más de 200.000 euros, los dividendos a abonar al Ayuntamiento, fueran a parar al bolsillo de aquella en lugar de a las arcas municipales.
No es la primera vez que dirigentes políticos asumen las responsabilidades de los errores de sus subordinados de la única forma en que puede hacerlo un servidor público: dimitiendo. Cierto que la doctrina que avala la asunción política de responsabilidades es algo que el PP exige para los demás pero que ese partido incumple sistemáticamente (caso Fabra, por ejemplo). No obstante, es cuestión de salud democrática denunciar los hechos y pedir responsabilidades.
Y es que Paloma Gómez-Tarrío, autora del desfalco de casi un millón de euros en la empresa de capital público, fue, hasta hace un mes, la persona de confianza del actual director de Mercasantander, al que sustituyó en 1995 cuando Fernández fue llamado por el PP para formar parte del equipo de Gobierno que presidía José Joaquín Martínez Sieso.
Entre ese año y el 2003, que vuelve a su antiguo empleo en Merca, Fernández fue jefe de gabinete, consejero de Presidencia y consejero de Hacienda, sucesivamente. Al perder el PP el Gobierno tras las elecciones de 2003, Fernández queda como diputado regional, compatibilizando esa función con la de director de la empresa comercializadora, convirtiéndose por mor de ese pluriempleo en el político que más cobraba de Cantabria, por encima del presidente del Gobierno. Quizás esa doble tarea le quitó tiempo para vigilar a su subordinada.
En cuanto al ex alcalde Piñeiro, ¿qué se puede decir de un presidente de Consejo que se deja falsificar la firma, al que le birlan un millón de caja y ni siquiera se percata de que los beneficios generados por la empresa que dirige no llegan a donde tienen que llegar? El ex alcalde, que ahora sólo ocupa un cargo político, el de Senador, no parece haber sido un gestor muy cuidadoso de los intereses públicos. Cosa que, por otra parte, ya sabíamos desde hace tiempo.
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