Afectadas amenazan con presentar recurso ante el Tribunal Constitucional
El Ejecutivo promulga la polémica ley de fiscalización de ONGs
El Ejecutivo peruano promulgó este viernes la ley que establece mecanismos para fiscalizar la financiación internacional y regular las actividades de los Organizaciones No Gubernamentales (ONG), mediante la estatal Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La norma publicada en el diario oficial "El Peruano" señala que el APCI es responsable de "conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado".
Las ONGs deberán registrarse en los próximos 60 días en la APCI y también están obligadas a inscribir "los proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación privada", de acuerdo a la ley.
Se establece que se sancionará, entre otros, la orientación recursos de cooperación internacional hacia actividades que afecten el orden público o perjudiquen la propiedad pública o privada con multas de hasta 170.000 soles (unos 53.000 dólares) y la cancelación de la inscripción en los registros de la APCI.
Los directores administrativos, asesores, representantes legales o apoderados de las ONG que hayan sido retirados de los registros de la APCI no podrán participar en otro organismo similar durante cinco años.
El pleno del legislativo aprobó el martes pasado por 60 votos a favor y 26 en contra las últimas modificaciones de la ley, que ha sido rechazada por las ONG, asociaciones cívicas y juristas, por considerar que viola los derechos relativos a la libertad.
La propuesta de esta ley, que fue aprobada en gran parte el pasado 2 de noviembre, contó con el apoyo del oficialista Partido Aprista Peruano (PAP), la conservadora Unidad Nacional y la "fujimorista" Alianza para el Futuro.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha señalado hasta nueve aspectos inconstitucionales en la norma y adelantó que si el Ejecutivo no observa la ley, las ONG presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Los analistas señalan que la norma puede recortar espacio, principalmente, a las ONG vinculadas a la protección del medioambiente y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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