El PP-A pide incluir contratos de familiares de altos cargos en la Ley de Transparencia

El PP-A ha propuesto recoger en la futura Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que se tramita actualmente en el Parlamento, que se facilite información sobre "relaciones laborales y contractuales" que familiares de altos cargos y asimilados de la Junta y de sus entidades instrumentales tengan con la administración autonómica.

Así se recoge en una de las más de 90 enmiendas que el PP-A ha presentado a la futura ley y a las que ha tenido acceso Europa Press. El grupo popular entiende que la Junta y sus entidades instrumentales deberán "hacer pública las relaciones laborales y contractuales que los cónyuges, parejas de hecho inscritas en el correspondiente Registro o familiares hasta el segundo grado civil de sus altos cargos y asimilados tengan con la propia administración autonómica y sus entidades instrumentales".

El PP-A plantea que dicha norma recoja un nuevo título relativo al buen gobierno, que afectaría a miembros del Ejecutivo andaluz, viceconsejeros y el resto de altos cargos de la Junta, de manera que la ley se denomine de Transparencia Pública y buen gobierno de Andalucía.

Los populares plantean, en aras a una "mayor transparencia", un conjunto de enmiendas de adición al artículo relativo a altos cargos para que se conozca la información relativa a: indemnizaciones por razón de servicio; a indemnizaciones específicas por gastos de vivienda y alojamiento aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno del 31 de octubre del año 2000, así como otras que puedan aprobarse; a gastos realizados utilizando tarjetas de crédito, o de justificación de la necesidad de mantenimiento de cada alto cargo o asimilado, personal de confianza y puesto singularizado, con detalle de las funciones y el trabajo que ejercen.

El PP-A también pide que en la futura norma se recoja que se facilitará información sobre la estadística de evolución del empleo público, con indicación expresa de los aumentos o disminuciones de los puestos de trabajo de funcionarios, del personal laboral, incluida la especificación del personal eventual, de confianza y de los puestos singularizados, por consejerías y entidades instrumentales.

En cuanto al artículo relativo a información sobre contratos, convenios y subvenciones, el PP-A, a través de enmiendas, la publicación de las resoluciones motivadas de exoneración de la obligación de justificar en tiempo y forma las subvenciones concedidas a terceros por la Junta y sus agencias antes de proponer pagos, así como de las subvenciones justificadas por sus beneficiarios, en tiempo y forma, y pendientes de comprobación previa a la liquidación de los órganos gestores.

Respecto al artículo de la norma sobre información económica, financiera y presupuestaria, el grupo popular pide que se ofrezca información de los presupuestos andaluces con detalle de las inversiones a realizar en cada una de las provincias andaluzas.

BUEN GOBIERNO

El PP-A quiere que la futura ley recoja un nuevo título sobre buen gobierno, con un régimen sancionador para los altos cargos de la Junta que no cumplan con los principios que lo definen, como la no implicación en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y no intervención en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad; la no aceptación para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones, o no valerse de su posición en la administración para obtener ventajas personales o materiales.

En relación con el régimen sancionador, el PP-A plantea desde una amonestación para el caso de infracciones leves a la destitución del cargo en el caso de las muy graves. Se propone que cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.

En cuanto al futuro Consejo de Transparencia y protección de datos que se crea a través de la ley, el PP-A pide que se denomine Consejo de Transparencia, buen gobierno y protección de datos y que su director, cuyo mandato será de cinco años, no pueda renovar (el proyecto de ley recoge que podrá renovar por una sola vez) y sea elegido, no por mayoría absoluta del Parlamento, sino por mayoría de dos tercios, lo que otorgaría una "mayor legitimación política, social y profesional ante los ciudadanos de la dirección" de este órgano.