Maíllo pide la suspensión cautelar de la reforma local y que la Junta la "frene"

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, muestra su apoyo a la interposición este martes del recurso de inconstitucionalidad de la Junta contra la reforma de la administración local, y al mismo tiempo pide al Gobierno andaluz, gobernado por PSOE e IU, que "frene de la manera más eficaz posible" cualquier cumplimiento o aplicación en la región de dicha reforma, así como que se suspenda de manera cautelar su entrada en vigor.


En una rueda de prensa en Córdoba, junto al coordinador provincial de IU, Pedro García, Maíllo ha manifestado que Andalucía tiene "mucho que decir" en el desarrollo de la administración local, la definición de competencias y el modelo de financiación para los ayuntamientos. A su juicio, "tiene mucho que decir porque el Estatuto de Autonomía blinda y tiene definidas las competencias de los ayuntamientos", además de ser "una ley orgánica que fue aprobada por las mismas cortes que aprobaron la reforma de la administración local".


Por tanto, según Maíllo, "hay una condición de normativa y defensa desde el Gobierno de Andalucía", que en este caso IU apoya para "defender el estatuto y las competencias que en él aparecen", puesto que dicha reforma, en su opinión, "está llamada a ser una reforma antiayuntamientos, a eliminar los servicios de carácter más social y de administración más cercana a la que acuden los sectores de población que más necesitan de la administración y que son los referentes físicos, espaciales y emocionales en los pueblos".


De este modo, subraya que lo que hay que hacer desde Andalucía es "defender el Estatuto de Autonomía", de manera que así hay "una incompatibilidad manifiesta con la reforma de la administración local". Así, considera que "desde esa defensa hay que seguir aplicando las competencias del Estatuto para los municipios y cualquier intento de plantear medidas como la valoración de los servicios y coste real de los mismos".


En este sentido, defiende plantear no solo el recurso de inconstitucionalidad, sino también la suspensión cautelar de la ley "hasta que no se pronuncie el tribunal", ha apostillado Maíllo.