La defensa niega que los avales del IFA se deban investigar con los ERE

El abogado de varios exaltos cargos imputados en el caso de los ERE asegura que los avales concedidos por las agencias andaluzas IFA e IDEA, objeto de una nueva pieza abierta por la juez Mercedes Alaya, fueron "plenamente legales" y "ni siquiera se puede hablar de contravención de la norma".

El abogado Juan Carlos Alférez, en un escrito dirigido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, sostiene que dichos avales "no tienen la naturaleza jurídica de subvenciones", cumplieron con la normativa europea y fueron otorgados dentro del "techo competencial" del entonces director general de IDEA, sin necesidad de ser aprobados por su Consejo Rector o el Consejo de Gobierno andaluz.

La defensa mantiene que los avales concedidos entraban dentro de las cantidades autorizadas al director general, pues "no se puede equiparar el importe del aval con el importe del riesgo", y pone el siguiente ejemplo: si se avalase a Mercadona, "nadie dudaría de que el director general fuese competente para conceder un aval de diez millones de euros, pues el riesgo de la operación es cero".

Alférez dice en su escrito que "las presuntas irregularidades que ahora afloran tienen perfecto acomodo en el ordenamiento jurídico" y además "no toda presunta contravención de la norma ha de ser criminalizada".

Apela a la situación de restricción crediticia de 2008, cuando las Administraciones públicas intentaban dinamizar la economía, y cita el dato de que una Orden de noviembre de 2008 tuvo una "petición masiva" de avales por parte de los empresarios pues la Junta recibió más de 800 solicitudes y resolvió favorablemente más de 200.

Los avales de IDEA en el periodo 2008-2009 cumplieron con la normativa europea y se comunicaron "puntual y trimestralmente a la dirección general de Tesorería de la Junta", explica la defensa.

Pese a ello, la juez Alaya ha decidido abrir unas diligencias por las "serias irregularidades" en los préstamos y avales del IFA/IDEA, que habrían sido concedidos a las mismas empresas investigadas en el caso de los ERE, con "criterios arbitrarios de concesión" y, según la Intervención de la Junta, sin el requisito previo de autorización por la Comisión Europea.

Respecto a los informes negativos de la Intervención, la defensa manifiesta que las discrepancias "son más la norma que la excepción" y que "la Intervención no se encuentra en posesión de la verdad ni de los dogmas jurídicos".

Junto a ello, afirma que "los poderes del estado no son relojes suizos, están gobernados y regidos por personas" y por ello pide que "se analicen conductas verdaderamente delictivas y no meras infracciones del ordenamiento jurídico administrativo".