El exedil fugado en el caso Malaya se enfrenta a 10 años de cárcel

El exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) Francisco Javier Lendínez, que estuvo durante casi cinco años fugado y está imputado en el caso Malaya, la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español, se enfrentará a diez años de cárcel.

El tribunal que lo juzgará ya está buscando fecha para celebrar la vista oral contra el exconcejal, que fue localizado un día antes de que se conociera la sentencia del caso Malaya, en la que fueron condenados 51 acusados, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la trama.

El que fuera concejal en Marbella de 1999 al 2003 fue detenido en octubre del pasado año en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando, tras introducir sus datos en el sistema, se avisó a las fuerzas de seguridad de que se trababa de un fugitivo de la justicia.

Lendínez fue miembro del equipo de Gil hasta que la moción de censura contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz lo apartó del poder en agosto del 2003, momento en el que se mantuvo en la oposición.

Ahora el tribunal que necesitó 199 sesiones para celebrar el macrojuicio tendrá que volver a celebrar otra vista oral, aunque no se espera tan compleja y donde uno de los principales debates jurídicos será si el caso podría estar prescrito.

Tras el arresto de Lendínez, aún están en situación de busca y captura el exconcejal del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández y el empresario José Manuel Llorca.

En este nuevo escrito de la fiscalía anticorrupción, al que ha tenido acceso Efe, Lendínez se enfrenta a diez años de prisión y 18 de inhabilitación.

En el relato de hechos se hace una reseña del periodo en el que fue concejal y como tras las elecciones del 2003 Julián Muñoz fue elegido alcalde de Marbella aunque, posteriormente, fue destituido por una moción de censura "diseñada" por Roca, al querer el entonces regidor "poner coto al poder que hasta entonces venía detentando".

También se destaca que Roca, condenado en este procedimiento a once años de cárcel, no era cargo electo, "pero se comportaba como si fuera el verdadero alcalde, mientras que la alcaldesa electa se colocaba bajo sus ordenes".

Respecto a Lendínez, Anticorrupción considera que estaba "entre las autoridades y funcionarios que han venido recibiendo dinero de la caja única de Roca" y al que se le identificaba con las iniciales de sus apellidos "LB" en los archivos informáticos localizados en la empresa Maras Asesores.

La acusación pública le atribuye la suma de 12.000 euros en sobres a su nombre y también presuntamente "participó en el cobro de dinero que se reparte en sobres innominados", entre otros.

Durante el registro domicilio se le localizó 5.200 euros en efectivo, procedente de tales cobros, siempre según el fiscal.
Mediante tales pago, Roca consiguió igualmente, atraerse la voluntad de otros concejales que, como Lendínez, en primer momento no apoyaron la moción de censura.

El sentido de los pagos a este concejal, según Anticorrupción, "era mantener el status quo urbanístico, esto es, permitir que las cosas se quedasen como estaban, contribuyendo a consolidad", la política urbanística de Roca.

Por todo ello a Lendínez se le acusa de un delito de cohecho pasivo de carácter continuado para fin delictivo y acto injusto, por el que se le pide cuatro años y un día de prisión, inhabilitación para cargo o empleo público por diez años y multa de 30.000 euros.

Así como prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que pide ocho años más de inhabilitación y seis de prisión, respectivamente.