Ayuntamientos y diputaciones del PP-A se plantean no renovar los convenios de dependencia

Ayuntamientos y diputaciones del PP estudian no renovar los convenios con el Gobierno andaluz para prestación de servicios de dependencia hasta que la Junta liquide "por completo" la deuda en esta materia, aunque decidirán "caso por caso" según la situación económica de cada corporación.

Así lo ha anunciado la portavoz de Bienestar Social del PP-A en el Parlamento, Rosario Soto, quien ha acusado al Gobierno andaluz de "herir de muerte" los servicios de dependencia en la Comunidad "por la vía de los impagos", cifrando en unos 100 millones de euros la deuda que la Junta mantiene en esta materia con las corporaciones locales gobernadas por el PP.

Soto ha subrayado que los ayuntamientos se están viendo obligados a actuar como "financieras" de la Junta al tener que adelantar el dinero de la dependencia sin haberlo cobrado. "Pero todo tiene sus límites y cualquiera puede entender que si hay ayuntamientos que no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para financiar sus servicios públicos, no puedan financiar competencias de la Junta", ha añadido.

La dirigente 'popular' ha negado que la decisión del Ayuntamiento de Jaén de dejar de prestar el servicio de dependencia suponga un incumplimiento de la normativa en esta materia. Y es que, según ha explicado, la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA). "A partir de ahí es competencia de la Junta", ha precisado.

En esta línea, se ha preguntado qué hace la Junta con el dinero que tiene presupuestado la Agencia de Dependencia y que no está llegando para ese fin. Además, según ha apuntado, el Gobierno central transfiere mensualmente a la Comunidad 33 millones para la prestación de los servicios de dependencia, lo que supone unos 360 millones anuales.

Soto ha afirmado que las únicas políticas sociales que al Gobierno andaluz le interesan son las que "generan titulares". Así, se ha referido a la propuesta del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, sobre el decreto-ley de mínimo vital de agua y luz para los perceptores del Salario Social, asegurando que hace más de nueve meses que la Junta no paga esta cuantía.

RECORTE DE 3.400 MILLONES EN POLÍTICAS SOCIALES

La dirigente 'popular' ha afirmado que el Gobierno andaluz ha reducido "drásticamente" las políticas sociales y que está instalado en una política de impagos en materia social y de dependencia que están poniendo "en riesgo" la prestación de estos servicios. "La presidenta dice que no va a tocar ni un euro en dependencia, pero hace todo lo contrario", ha enfatizado.

Según los datos aportados por Soto, el Gobierno andaluz ha reducido en los dos últimos años el presupuesto para las políticas sociales en más 3.400 millones, fruto de las decisiones de un "gobierno retrógrada", que no tiene "ni un atisbo de progresismo" y al que no le importan las familias ni las personas que lo están pasando mal.

En este contexto, ha indicado que el recorte en bienestar social ha superado los 260 millones en los dos últimos años, junto con los 13 millones en el Plan de Drogodependencia. A ellos se unen más de 37 millones en el Plan de Atención a la Infancia, más de 80 millones en el Servicio de Apoyo a las familias, y más de 93 millones en la Atención a la Dependencia.