Juzgan en Sevilla a un empresario y dos sindicalistas por desviar fondos de un ERE en ISA

Un empresario y dos sindicalistas van a ser juzgados a partir del jueves en Sevilla por desviar a otros fines, en el año 1991, unas ayudas millonarias de la Junta y el Ministerio de Trabajo que debían destinarse a prejubilaciones de la empresa Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA).

Se trataba de ayudas destinadas a financiar un plan de jubilaciones anticipadas, con una póliza de seguro que se presupuestó en 4.422.229 euros y para la cual las empresas sucesoras de ISA aportaron 903.614 euros, la Consejería de Trabajo andaluza 2.615.000 euros y el Ministerio de Trabajo otros 903.614 euros.La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla iniciará el juicio el jueves, en sesiones que se prolongarán casi tres meses hasta mediados de enero de 2014 dada la complejidad del caso
.El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, dice que los tres procesados, de manera concertada, desviaron a distintos fines "no bien precisados, pero destinados a satisfacer necesidades laborales y sociales" la diferencia entre la subvención recibida y el coste de la póliza aseguradora.

En concreto, imputaron un pago de 190.258 euros a obligaciones derivadas de otros costes de prejubilación y 1.159.515 euros para constituir un fondo de inversiones a favor de trabajadores prejubilados.

El juicio se dirige contra el empresario Jesús M.S. y los sindicalistas Fernando F.M., entonces presidente del Comité de Empresa de ISA, y José Miguel C., exsecretario del Comité, ambos de CCOO.

El escrito de acusación del fiscal imputa a los acusados un presunto delito de fraude en subvenciones, penado con uno a cuatro años de cárcel, si bien aplica la atenuante "muy cualificada" de retrasos en la administración de Justicia y solicita para cada uno tres meses de arresto e inhabilitación de tres años para obtener beneficios o incentivos fiscales.

Además reclama una multa de 3.005.062 euros y que las entidades públicas que concedieron la ayuda sean indemnizadas según se determinen en la fase de ejecución de la sentencia, razón por la cual los jueces han embargado inmuebles al sindicato CCOO como posible responsable subsidiario.