El consejo de Invercaria autorizó 600.000 euros a FIVA antes de crearla

El consejo de administración de la empresa pública Invercaria autorizó una financiación de 600.000 euros para la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) antes de que se constituyese y sin documentación, ya que se trataba de una idea del entonces presidente, Tomás Pérez Sauquillo.

Así lo ha declarado hoy al juez que investiga presuntas irregularidades en Invercaria el imputado Juan Vela Quiroga, ex director general de Finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y miembro del Consejo de Administración de Invercaria entre 2005 y 2008.

Según el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Vela Quiroga ha afirmado que los gastos de hasta 450.000 requerían solo la autorización del presidente de Invercaria y por encima de esa cantidad del Consejo de Administración.

Sin embargo, FIVA era una idea de Pérez Sauquillo, que planteó en junio del 2006 el desarrollo de un proyecto "promovido desde la propia Invercaria" y sin que constituyese una toma de participación.

Pérez Sauquillo pidió al Consejo de Administración que le facultara para una financiación global de 600.000 euros cuando FIVA todavía no estaba constituida y en aquella reunión "no recuerda que que se entregara documentación alguna al respecto y que, si se hubiera entregado, en todo caso sería muy genérica dado el estado incipiente del proyecto".

El juez de instrucción 16 de Sevilla investiga la inversión de 1,6 millones de Invercaria en FIVA, empresa que según un informe de la Policía recibió "ingentes cantidades de dinero" a pesar de conocer que se trataba de un proyecto "completamente fallido", y antes de tener un socio tecnológico.

Por esta causa hay ya nueve personas imputadas y el juez ha tomado hoy declaración como imputados a los consejeros Juan Vela y Ramón Martín, el primero de ellos también imputado en el caso de los ERE fraudulentos entre una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía.

Según Vela, el consejo de administración no exigió a Pérez Sauquillo justificación de los 600.000 euros porque consideraron que no era necesario, ya que lo acreditaría a través de la presentación de cuentas anuales.