Unos 150.000 trabajadores y más de un millón de alumnos, llamados a la huelga contra la Lomce

Unos 150.000 trabajadores del sector de la educación y más de un millón de alumnos, incluyendo enseñanza pública y concertada, así como la educación universitaria, están llamados este jueves 24 de octubre a secundar en Andalucía la huelga general nacional en el ámbito educativo contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y los recortes en esta materia, según los datos facilitados a Europa Press por la Plataforma 'Compromiso Social para el Progreso de Andalucía'.

Con carácter previo, el Sindicato de Estudiantes ha convocado dos jornadas de paro que se han visto complementadas con manifestaciones en Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. Este jueves, al convocar también los sindicatos del profesorado --CCOO, UGT, STES y CGT-- y la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), habrá movilizaciones en todas las capitales de provincia andaluzas a partir de las 18,00 horas.

Éstas, en todos los casos, llegarán hasta las respectivas Subdelegaciones del Gobierno. Así, en Almería saldrán desde Puerta Purchena; en Cádiz, desde la Plaza Asdrúbal; en Córdoba, desde la Plaza de las Tres Culturas; en Granada, desde la Plaza del Triunfo; en Huelva, desde la Plaza de la Merced; en Jaén, desde la Plaza de Santa María; y en Málaga, desde la Plaza de la Constitución.

En Sevilla, con carácter previo a una manifestación desde el Parlamento y hasta la Plaza de España, se convocará una marcha desde las 8,00 horas, con punto de partida en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Llanes y llegada a la Plaza de la Encarnación, donde se llevará a cabo un piquete-asamblea. También en Sevilla, los alumnos de la Escuela de Arte, en el Pabellón de Chile, han decidido convocar una 'sentada' en la que, según han manifestado a Europa Press desde el colectivo de alumnos, participarán vestidos con ropas negras, en señal de "luto" por los recortes que sufre tanto la educación en general como estas instalaciones en particular.

AL MENOS UN DIRECTIVO

Respecto a los servicios mínimos en Andalucía, la administración los ha establecido definiendo la obligatoriedad de que al menos un miembro del equipo directivo permanezca durante esa jornada en el centro educativo.

En concreto, según precisaron a Europa Press fuentes sindicales, esta cifra se mantiene tanto en centros públicos como en los concertados, apuntando que en los mismos debe estar el director o bien un miembro de la dirección. En lo tocante a las escuelas infantiles, además de esta persona, también debe haber un trabajador en cocina, ya sea cocinero o ayudante.

En las residencias escolares tiene que trabajar un monitor de Residencias en el turno de noche y mantenerse los servicios precisos de cocina y comedor para la atención adecuada del alumnado, nunca superior al 33 por ciento de los habituales, salvo que dicho porcentaje sea inferior a la unidad.

NUMEROSOS APOYOS A LA HUELGA

Los llamamientos a apoyar la huelga y las expresiones públicas de respaldo son numerosas. Así, desde el sector de los padres, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) ha confirmado que no enviará a sus hijos a la escuela ni al instituto en protesta por la imposición de una ley "que en nada mejora la calidad de la enseñanza, sino que la hace más elitista y segregadora".

Por otro lado, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) sostiene que "salir a la calle a defender la educación, un derecho básico y universal, significa luchar por evitar la pérdida de los logros conseguidos en la escuela pública, esa escuela en la que los padres y madres confiamos la formación de nuestros hijos, que son la sociedad del mañana".

Por parte de UGT-A, su secretario general, Francisco Fernández, ha indicado que "ante un gobierno totalitario, que trabaja a golpe de decreto y que no escucha ni a padres ni a profesores ni a alumnos, solo nos queda la protesta en la calle; no estamos dispuestos a aceptar una ley ideológica que quita derechos a nuestros hijos, que endurece las condiciones para estudiar y que solo busca el adoctrinamiento para que el día de mañana sean buenos obreros".

De su lado, la Asociación de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES) ha manifestado su "preocupación" por "los momentos de extrema gravedad por los que pasa nuestro sector", así como "nuestro absoluto rechazo por los sucesivos recortes generalizados en la enseñanza y la intención de imponer una ley que no ha sido consensuada y que tantas repercusiones negativas pueden traer a nuestro sistema educativo".