La juez Alaya tomará declaración este jueves a dos dirigentes de CCOO-A y a otros cuatro imputados

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado a declarar como imputados este próximo jueves a un total de seis personas, entre ellas a dos dirigentes del sindicato CCOO-A, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Así, la magistrada Mercedes Alaya ha citado a declaar entre las 9,30 y las 18,30 horas del próximo jueves al secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez; al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; al empresario Jorge Andrés Morell y su hijo Luis Morell; al presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, y al consejero delegado, Manuel Rafael Castilla.

Comenzando por Enrique Manuel Jiménez, la juez lo imputó después de que él mismo reconociera en su declaración ante la Guardia Civil "su intervención" en la introducción de un 'intruso' --Antonio Fernández Garzón-- en la póliza de prejubilaciones de Calderinox, a lo que se suma, además, que "fue quien envió" una carta al exdirector general de Trabajo Juan Márquez "para convencerlo de la necesidad de dicha inclusión".

Asimismo, y en un auto dictado el pasado mes de marzo, la instructora confirmó la imputación de este dirigente del sindicato y puso de manifiesto que, con su inclusión en la póliza de Calderinox, este 'intruso' "percibiría una renta de 199.299,96 euros, cuando la única indemnización a la que tenía derecho por la extinción de su relación laboral de la empresa Litalsur, a la cual pertenecía realmente, era de 27.976,44 euros".

"CON INSISTENCIA"

La juez Alaya asevera que el alto cargo de CCOO-A "no puede negar dos hechos", como son que "ni desconoció la falta de rigor administrativo y transparencia con la que se operaba presuntamente en la Consejería de Empleo y pudiera ser que justificara con ello la actuación que se le cuestiona", ni tampoco que "era extraordinariamente irregular que reclamara con insistencia, verbalmente y por escrito, al unísono con el delegado provincial de Empleo", la inclusión del 'intruso' "en una póliza que era ajena" al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez.

A juicio de la instructora, dicha "insistencia o influencia en cadena" tuvo un resultado "positivo", pues, "efectivamente, se le incluyó en un suplemento de la póliza de Calderinox".

De su lado, Juan Antonio Caravaca fue imputado en la causa después de que el citado 'intruso' declarara ante la Policía Judicial que fue el sindicalista "quien lo llamó por teléfono para decirle que lo iban a incluir en la póliza" de Calderinox.

El caso ERE acumula ya 133 personas imputadas, de las que 26 están citadas a comparecer ante la juez desde este próximo jueves y hasta el próximo mes de enero.