Fianza civil de 531.000 euros a empresario detenido en 'Heracles' que hizo pagos a Lanzas

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 531.065,68 euros al empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom --propietaria del Hotel Don Pedro y Don Pablo en la provincia de Málaga-- que fue detenido junto a otras nueve personas en la segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada la pasada semana por la Guardia Civil.

En un auto dictado este mismo lunes día 14 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, declara además la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Nexprom S.A..

En el auto de imputación, la instructora pone de manifiesto que el imputado ha desempeñado el cargo de director gerente y apoderado mancomunado de la empresa Nexprom S.A., empresa dedicada a la actividad hotelera y que el 24 de marzo de 2004 solicitó un ERE para 55 personas ante la Junta de Andalucía, el cual fue resuelto positivamente el 14 de abril de ese mismo año y cofinanciado por la Junta a través de IFA/IDEA.

La juez asevera que Nexprom realizó un pago en 2003 de 12.020 euros a Hermes Consulting, empresa en la que colaboraba el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, mientras que Nexprom "declaró haber realizado pagos" al 'testaferro' Juan Francisco Algarín Lamela por importe de 387.277,51 euros.

De este modo, Lanzas "habría cobrado esta cantidad de manera indirecta, a través de la cuenta bancaria, controlada por él, que Juan Francisco Algarín abrió siguiendo sus órdenes y en la que Nexprom realizó el abono por la participación de Juan Lanzas en la tramitación de las ayudas".

Por tanto, el imputado "indiciariamente habría participado activamente en la tramitación del expediente y de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, manteniendo contacto con Juan Lanzas" y, por ende, "con los asesores y profesionales necesarios y habituales de éste, como son Vitalia y Banco Vitalicio".

EL PAPEL DE JUAN LANZAS

Asimismo, y en función de su cargo, "sería responsable directo de los pagos efectuados a Hermes Consulting y a Juan Francisco Algarín, ambos vinculados a Lanzas, verdadero receptor de esas cantidades, en concepto de comisiones por su participación en el expediente y mediación con la Junta a fin de conseguir los resultados obtenidos".

La juez imputó presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública al imputado, quien en su declaración ante Alaya reconoció que se reunió con Lanzas y que éste se presentó como "experto en ayudas ante la Junta, diciendo que ya había conseguido ayudas de dicha administración".

Lanzas "comenzó pidiendo mucho dinero, sobre 20.000 o 30.000 euros, por un estudio preliminar, que luego se quedó en la cantidad de 12.000 euros", según el imputado, que relató que "finalmente lo que les convenció fue que la prejubilación de los trabajadores iba a ser financiada parcialmente por la Junta".

A este respecto, según su declaración, tuvieron dos reuniones con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en las que éste "les dio un protocolo, prometiéndole las ayudas si cumplían los requisitos establecidos en el citado protocolo", aunque el empresario imputado aseguró no saber "nada" del segundo de los pagos referidos por la juez "ya que no estaba autorizado a abonar cantidades tan altas".

Ángel Quesada fue una de las diez personas detenidas por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles' y, tras su declaración, quedó en libertad con cargos.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado para este imputado una fianza civil de 399.297,51 euros más el tercio legal previsto.