El Gobierno será "contundente" si detecta algo "irregular" o "alegal" en los 'escraches'

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha rechazado este martes de "plano" el acoso o coacciones a políticos mediante los conocidos como 'escraches' y ha avisado de que el Ejecutivo será "contundente" si detecta en determinadas actuaciones algo "irregular" o "alegal".

En rueda de prensa en Granada, tras firmar convenios de colaboración con ocho ayuntamientos de la provincia para su integración en el sistema integral de seguimiento de violencia de género, Crespo ha recordado que por este asunto ya se ha celebrado en la Delegación del Gobierno una primera reunión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha avanzado que, en el mismo sentido, mantendrá un encuentro próximo con todos los subdelegados.

"El acoso a cualquier persona, la coacción es muy rechazable, más cuando son personas, de cualquier partido político, que son diputados elegidos libremente por todos los ciudadanos", según ha dicho Crespo, que ha informado de que hasta ahora en Andalucía han sido víctimas de 'escraches' el diputado del PP por Cádiz Aurelio Romero, a la puerta de su despacho, o una diputada de Écija (Sevilla) a través de internet. "Estamos muy pendientes también de la asistencia a la sedes, aunque sea algo completamente distinto", ha señalado.

Para la delegada del Gobierno, esta práctica "puede hacerse extensible" a otros sectores, y estos 'escraches' pueden dirigirse también contra empresarios u "otros colectivos". Ha considerado que, aunque "todo el mundo tiene derecho a manifestarse constitucionalmente", también el Gobierno tiene que garantizar el derecho "a vivir en paz".

Asimismo, ha defendido la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy con respecto a los desahucios, ya que estos, según ha incidido, han existido "siempre", pero es ahora cuando "se están tomando medidas al respecto". "Hay que dejar al Congreso que analice las circunstancias de la normativa", ha indicado Crespo, que de hecho ha recordado que el Gobierno ya ha dicho que tendrá "muy en cuenta" la sentencia europea en ese sentido.

En ese sentido, ha mantenido que los desahucios "no pueden suscitar" a las personas a "coaccionar" a políticos en su domicilio, "afectando a familias completas". "Si se produce algo alegal o irregular, el Gobierno actuará de forma contundente", ha sostenido Crespo, que cree que estas prácticas son "rechazadas" por la "mayoría de la sociedad".