En el borrador publicado el pasado viernes, el Ejecutivo de Zapatero dejaba al margen de este modelo de contrato al colectivo de hombres de entre 30 a 45 años con menos de tres meses en el paro.
¿A quién se aplicará?
La ampliación del contrato de fomento del empleo, llamado así y bonificado por el Estado, va destinada a hombres de entre 31 y 45 años y personas en paro durante al menos tres meses, que hasta ahora eran excluidos. Además, también podrá ser utilizado para trabajadores que hayan encadenado dos años de contratos temporales.
El objetivo de la universalización de este contrato es combatir la alta temporalidad del mercado de trabajo español; un 92% de los contratos existentes son temporales y afectan a ocho millones de empleados, según los datos de Trabajo.
Hasta ahora, los únicos colectivos que podían firmar este tipo de contratos eran las mujeres en general, los jóvenes de entre 16 y 30 años y los mayores de 45 años; los desempleados durante al menos seis meses; las víctimas de violencia doméstica y los ciudadanos en situación de exclusión social acreditada.
La extensión de este tipo de contrato no tiene carácter retroactivo. Es decir no afecta a los indefinidos ya firmados, que siguen manteniendo su indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente, que es el caso de la mayoría de las extinciones de la relación laboral. "No afecta para nada a los contratos fijos existentes", ha insistido Corbacho.
El Gobierno también ha extendido el pago por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa, dependiente del Estado) de ocho días por año en caso de extinción de contrato a todos los contratos indefinidos ordinarios y no sólo a los de Fomento del Empleo, cuando el viernes limitaba este copago a los de 33 días.
No a la reforma austríaca, hasta dentro de un año
Además, Corbacho ha anunciado que la implantación del modelo austríaco -basado en crear para cada trabajador un fondo que viajará con él durante su vida laboral-, del que se venía hablando en los últimos meses en el diálogo social, no se hará de inmediato. El Gobierno presentará un proyecto de ley independiente para crear este fondo de capitalización de la vida laboral los trabajadores.
El proyecto de ley debe presentarse y debatirse en un año, ha afirmado Corbacho, que ha añadido que el Gobierno no tiene intención de aumentar las cuotas empresariales de la Seguridad Social para alimentar este fondo.
La norma, aunque aprobada como decreto ley, se tramitará en el Congreso como proyecto de ley, por lo que se incorporarán modificaciones, según ha afirmado la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta aseguró que la norma entrará en vigor desde mañana, con independencia del trámite parlamentario posterior. "Es una reforma que mañana es ley; la decisión ya no tiene marcha atrás, es firme, y el hecho de que se tramite como proyecto de ley le da más valor", precisó.
Por su parte, el ministro también ha reconocido que, al final, no se ha fijado un plazo mínimo de pérdidas para que una empresa pueda acogerse a las causas económicas objetivas para decidir un despido procedente, que tiene una indemnización de 20 días por año,
aunque se ha remitido al estado contable de las empresas que están en crisis. "En caso de una situación negativa, la empresa tendrá que acreditar sus resultados agregados y justificar que de ellos se desprende la racionalidad exigida" para poder despedir a trabajadores por causas económicas. No obstante, Corbacho ha añadido que las causas objetivas "siempre debe determinarlas un juez", por lo que se mantiene la tutela judicial efectiva.
La reforma ha vuelto a centrar la atención del gobernador del Banco de España, que pide una reforma laboral "integral" en su discurso anual de la memoria anual del Banco de España, que incluya la negociación colectiva y las modalidades de la contratación y califica de "especialmente oportuna" la reforma de las pensiones "porque permite una mejora de la sostenibilidad de las finanzas públicas sin general efectos negativos sobre el crecimiento a corto plazo.
La secretaria general del PP y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este miércoles que el Real Decreto no supone una "auténtica reforma laboral" puesto que se limita a modificar determinados aspectos del despido y la contratación, dejando otros asuntos sin tratar, entre ellos, los "incentivos" a la contratación.
"Este decreto como todos sabemos no es una auténtica reforma del mercado laboral porque modifica sólo algunos aspectos del despido y de la contratación. No se habla de la negociación colectiva, no se habla de la formación profesional y no se incentivan determinadas contrataciones que podrían aliviar mucho a aquellas personas que hoy no pueden tener un puesto de trabajo", dijo.
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Corbacho dice que nunca estuvieron en la negociación las causas de despido.png)
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