El Gobierno garantiza la soberanía colombiana en el uso de varias bases militares por parte de EE.UU.

En una audiencia pública para explicar los detalles de dicho convenio, los ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; de Defensa, Freddy Padilla; y de Interior, Fabio Valencia, dejaron claro que no se crearán bases militares extranjeras ni el objetivo es suplantar a la ecuatoriana de Manta, sino implementar "un esquema de cooperación moderna".

"El objetivo es la lucha y el fin del narcotráfico y el terrorismo", señaló el canciller, al explicar que la cooperación con Washington se remonta a 50 años y que el nuevo esquema respetará los acuerdos vigentes, basados "en la neutralidad y el respeto a la soberanía".

"No se permite la creación de una base militar de Estados Unidos, no se afectará a terceros Estados, ya que su esencia es la cooperación en territorio colombiano, no se permiten actividades contra la Constitución colombiana y leyes internacionales, no implica tránsito de tropas extranjeras", detalló Bermúdez.

El acuerdo, agregó, tendría una vigencia de diez años y supondría inversiones en infraestructuras por parte de Estados Unidos por 5.000 millones de dólares.

El alcance "es exclusivamente para Colombia, no debería afectar la relación con los países vecinos ni con un tercer país, sino al contrario porque en la medida en que Colombia acabe con el narcotráfico y el terrorismo, se va a beneficiar a la región", dijo.

El canciller también insistió en que Estados Unidos ha sido el mejor aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

"Pocos países se han metido la mano al bolsillo y han trabajado con nosotros, pocos países como Estados Unidos se han comprometido con Colombia", remarcó.

A su turno, el ministro de Defensa, general Freddy Padilla, hizo un repaso de la dramática situación que ha vivido Colombia durante décadas y explicó que en 1998 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a tener más poder operativo que las fuerzas de seguridad del Estado.

Lo que llevó a aquella situación, apuntó, fue que "las FARC tomaron la decisión temeraria de vincularse al narcotráfico, que fue seguida por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares)", lo que "les dio la posibilidad de acceder a dineros nunca antes recolectados".

Pero a partir de 1998, cuando los Gobiernos del estadounidense Bill Clinton y del colombiano Andrés Pastrana pactan el Plan Colombia, por el que Washington ha entregado a este país hasta 6.000 millones de dólares, el panorama cambió radicalmente.

"Esto significó el acceso inmediato a tecnología de punta por parte de los colombianos, a experiencias que no imaginábamos, a una metódica transición de conocimientos y experiencias que se tradujeron en un mejora notable", detalló.

El titular de Defensa subrayó que los objetivos del acuerdo que se negocia con EE.UU. son, en primer lugar, "fortalecer la cooperación (...), lograr una perfecta coordinación en las operaciones, entender el lenguaje y llegar al mismo nivel de preparación de las fuerzas internacionales".

Sobre el uso de las bases, aclaró que quien tendrá la responsabilidad será el comandante militar colombiano.

"Estados Unidos no tendrá áreas o instalaciones para su uso exclusivo (...), no pagarán por un alquiler porque no les estamos cediendo nuestro territorio, se colaborará sin ningún tipo de contraprestación económica, sino para incrementar nuestra capacidad", dijo.

"Sólo si otro país nos solicita nuestro apoyo, en base a nuestra experiencia, habiendo aclimatado esas instalaciones, será más fácil transferirlas, como podría ser el caso de México", según Padilla, quien insistió en que "no se autoriza el uso de la fuerza en territorio colombiano".

El general informó que las bases colombianas que podrían ser utilizadas por militares estadounidenses son las de Malambo (norte), Palanquero, Apiay y Tolemaida (centro) y Larandia (sur).

En esas bases, se autorizaría la presencia de un máximo de 800 militares y de 600 contratistas civiles del Pentágono u otros organismos de seguridad estadounidenses, según el convenio que negocian los dos países.