La decisión de desembarcar a los piratas responde a la aplicación del acuerdo internacional suscrito entre la Unión Europea y Kenia, por el que se establece la jurisdicción del país africano para el enjuiciamiento de los actos de piratería en las aguas donde actúa la operación europea Atalanta.
El buque español tenía previsto llegar en la noche del jueves a Mombasa, pero hubo mala mar y fue perdiendo velocidad, por lo que arribó al puerto cuando no había autoridades y quedó fondeado hasta hoy.
Cinco días de caos judicial
El desembarco en Mombasa se produce tras el tira y afloja entre el juez Andreu, Defensa y la Fiscalía sobre el destino de los piratas somalíes capturados la semana pasada. En total fueron capturados 14, de los que 13 permanecían a bordo del buque español. El otro se encuentra en un hospital de la base francesa de Yibuti.
El pasado lunes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu autorizó finalmente a Defensa el "desembarco" de los supuestos piratas "en Kenia o en cualquier otro punto" que reúna las condiciones "de seguridad y operatividad" que se estimen necesarias. Ponía así fin a cinco días de autos, cambios de opinión y recursos
Con su providencia, Andreu cedía y permitía entregar a los piratas sin contravenir su auto inicial, donde ordenaba liberar a los corsarios. En esa resolución, dictada por el juez el viernes día 8, Andreu rechazaba la petición del Ministerio Público de que autorizara su entrega a las autoridades de Kenia en aplicación del acuerdo suscrito por la UE con este país africano.
Andreu ordenó la liberación de los piratas después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional cambiase de opinión (inicialmente había pedido el ingreso en prisión de los mercenarios) y solicitase que quedara sin efecto la orden de prisión provisional dictada por el juez y que fueran trasladados a Kenia.
El juez rechazaba el traslado a Mombasa, argumentando que la competencia de los tribunales españoles es "indiscutible" y que no puede entregar los piratas detenidos a Kenia sin quebrantar las reglas constitucionales básicas. Esta decisión del juez —que suponía la puesta en libertad de los detenidos— fue recurrida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
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