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Según el auto de Garzón sobre la 'Operación Gürtel'

El empresario Correa sobornaba en Madrid y Valencia para obtener contratos

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El presunto jefe de la red de corrupción destapada en Madrid y Valencia, Francisco Correa, pagaba a funcionarios públicos y autoridades para obtener tratos de favor en la concesión de eventos, según se desprende del auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el que le manda a la cárcel. Garzón sostiene que Correa y sus dos colaboradores dirigían un "conglomerado de empresas" que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio".
El juez Baltasar Garzón no se ha andado por las ramas en el Auto por el que en la noche del miércoles mandó a prisión al empresario Francisco Correa Sánchez, dado a conocer este jueves de forma íntegra. En el ‘hecho primero’, Garzón describe así la situación de la supuesta trama corrupta: “Francisco Correa da instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio”.

    Y añade el juez Garzón: “Francisco Correa, a través de sus sociedades patrimoniales, ha llegado a reunir un patrimonio inmobiliario en España que tiene un valor muy elevado considerando el lugar donde están ubicados y las características intrínsecas de los bienes, y así posee inmuebles en Las Rozas (Madrid), Sotogrande (San Roque-Cádiz), Ibiza, Tarifa, y, atraques de barco en Puerto Marina (San Roque), entre otras”.
 

Un conglomerado empresarial


De lo actuado por el juez Garzón se desprende que Francisco Correa Sánchez, “lidera un grupo organizado de personas y empresas del que forma parte en inmediata relación de jerarquía respecto del mismo Pablo Crespo Sabaris, Antoine Sánchez [primo de Correa] y otros imputados en esta causa cuya principal finalidad, a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, ha sido, hasta el día de la fecha realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende de fondos, en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia, principalmente, a través de un conglomerado empresarial”.

    Ese conglomerado esta integrado por las siguientes empresas: Parque Logística Montalvo SL, Intermedia Eja Comunicaciones Integrales S.L., Easy Concept Comunicación S.L., FCS Formación Comunicación y Servicios S.A. (sin actividad), Orange Market S.L., Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Pasadena Viajes, Special Events, Osiris Patrimonial S.L., Cresva S. L., Caroki S. L., Proyectos Financieros Fillmores S.L., Inversiones Kintamani S.L., Hatar Consulting S. L., Odisea Servicios 2001 S.L., Rialgrenn S.L., TCM S.L., Forever Travel Group S.L., Estudios Vesubio S. L., Welldone S.L. y Castaño Corporate S.L.
 
   Según Garzón, el diseño de la estrategia de ocultación que le ha permitido llevar el control de este entramado societario sin que él figurara, consistió en “la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal, especializados en las creación de estructuras fiduciarias opacas y con relaciones con territorios no cooperantes en materia de transparencia financiera, con actuación sistemática de personas interpuestas tanto para la gestión empresarial como para la gestión de su patrimonio personal”.

Los otros cabecillas


Para Garzón, el segundo en la trama es Pablo Crespo, a quien considera “responsable de la gestión del patrimonio personal de Francisco Correa Sánchez, y codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo”. Asegura que Crespo “ejecuta las órdenes de Correa “con el fin de desvincular las actuaciones tanto de su persona como de las sociedades de su conglomerado empresarial”, y que así utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de los que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen.

    Y Garzón añade que Crespo -que posee una sociedad patrimonial personal denominada CRESVA SL que es titular de diferentes bienes inmobiliarios en Sotogrande y de una embarcación deportiva- “imparte instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo”.

    El tercer implicado, Antoine Sánchez, es para Garzón una pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas desde el despacho de uno de los imputados. Su participación es de carácter puramente instrumental. Para Garzón, Antoine Sánchez “se convierte en un elemento decisivo dentro de la estrategia de ocultación de la estructura societaria creada por Francisco Correa Sánchez, estructura creada para servir al objetivo de blanquear los fondos obtenidos de procedencia ilícita”.

Prisión por el riesgo de fuga


Garzón dice en su Auto que “existen elementos e indicios bastantes para afirmar en forma contundente que existe un riesgo objetivo y real de sustracción a la acción de la justicia por parte de los imputados, derivado no sólo de la gravedad de los hechos que, por sí solos, pueden motivar la voluntad de aquellos, sino también porque: 1) en el caso de Francisco CORREA SÁNCHEZ, tan real era esa posibilidad que tal riesgo fue el detonante de que se procediera a las detenciones y registros, el día 6 de febrero de 2009”.

     Cita el magistrado el informe policial de fecha 3 de febrero de 2009, núm. 9.183 de la UCDEF-BLA (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales), en el que quedaba constatado el “nerviosismo de Pablo Crespo al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras debiendo restringirse las llamadas telefónicas; y, como en los días inmediatos previos a las detenciones, Pablo Crespo comentó con otro de los imputados que Francisco Correa tiene pensado marcharse en unos días, después de asistir a un acontecimiento próximo”.
   
    En ese sentido, el auto del juez asegura que se informó que Correa planeaba salir de España el día 7 (de febrero) o inmediatos tras acudir a un acto en Barcelona, por lo que, dicen: "Consideramos que el riesgo de fuga es alto, proponiendo la adopción de las medidas propuestas a la mayor brevedad posible para evitar la salida de esta persona del territorio nacional". Riesgo que ya se habla constatado a través de las observaciones telefónicas con la actividad del Correa para obtener la residencia en un país de Centro América.

    Por su parte, y con respecto a Antoine Sánchez, dice Garzón que “consta su falta de arraigo y de estar en libertad podría ponerse fuera de la acción de la justicia en país no europeo, Senegal, y, en cualquier caso tendría capacidad de manejar las estructuras del grupo fuera de España”.

VEA DE FORMA ÍNTEGRA EL AUTO DEL JUEZ GARZÓN (pdf)

Todo sobre la trama de corrupción en Madrid

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