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Le exigieron 72.000 euros por una licencia

El dueño de una tienda de animales de El Rastro destapó el 'Guateque'

Según informa este jueves el diario El País, el dueño de una tienda de animales de El Rastro, Juan Luis A.G., recibió una notificación del Ayuntamiento de Madrid para que cerrase su local. Poco después una persona se puso en contacto con él identificándose falsamente como gerente de Urbanismo. Éste le ofreció solucionar su problema a cambio de 72.000 euros. Esta denuncia motivó la segunda oleada de detenciones, después de una primera hornada de 17 detenidos.
El 30 de julio comenzaron las escuchas de la Guardia Civil a funcionarios y particulares y descubrieron toda la red. Los investigadores detectaron al menos 21 expedientes de licencias sobre locales públicos con "irregularidades". Los agentes pidieron autorizar dichas escuchas ya que "era difícil demostrar estas irregularidades. Los pinchazos telefónicos comenzaron con Carmelo García Sánchez, funcionario municipal ya jubilado, y Santiago Castillo, directivo de la firma de arquitectura AC93.

Según explicaba la Benemérita en su informe ambos formaban parte de una red de intermediarios entre empresarios y funcionarios para la agilización de licencias. El texto del Instituto Armado no especifica los funcionarios implicados, aunque entre ellos remarca a siete funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de Centro. Ambos "intermediarios" captaban posibles clientes y les ofrecían el "trato": la tramitación más ágil de expedientes o los dictámenes favorables en caso de que un local incumpla la normativa.

Entre otras operaciones fraudulentas, Carmelo García y el funcionario Fernando Ruiz, actualmente preso, negociaron la tramitación de una licencia de ampliación para la clínica Ruber por "cuatro o cinco millones".

El sumario también detalla la declaración de Óscar Acero, de la Gerencia de Urbanismo. El funcionario testificó ante el juez Torres y explicó cómo Ceballos le pidió en julio de 2007 que el informe desfavorable de la calle Santa Brígida se tornase favorable. Según aclaró Acero, Ceballos le dijo que el informe correspondía a Medio Ambiente. Esto despertó las sospechas de Acero, que se puso en contacto con los propietarios del local. Éstos confesaron que Antonio Sanz Escribano, uno de los supuestos intermediarios de la trama, les había dicho que Victoriano Ceballos pedía 12.000 euros por emitir una licencia favorable. A continuación, Acero confesó que pidió a sus subordinados que trataran con precaución los informes de Medio Ambiente.

"Gratificaciones"
También aparece Ceballos en una conversación telefónica con el gestor Benjamín Valledor, otro de los implicados en la investigación judicial. Ambos hablan de repartirse 3.000 como "gratificación" por "adelantar el expediente".

Ceballos negó que él fuese uno de los interlocutores de la conversación y negó todos sus cargos. El funcionario también respondió con evasivas cuando los agentes le preguntaron por la tramitación de 26 expedientes en menos de un mes, cuando el tiempo medio de espera es de año y medio. Aseguró que sólo informó de ellos, no los firmó y que hizo lo mismo con otros mil expedientes en cinco meses. Por su parte, Valledor admitió que pagó cinco mil euros por agilizar la licencia de dos bares, "pagando siempre a petición de Ceballos", aseguró.

En otra de las conversaciones, Antonio Sanz Escribano mantiene una charla con uno de los propietarios de 'La Botellita de Serrano'. Hablan de estrategias para conseguir rápidamente licencias. Almansa dice ser socio de Antonio Cato y que la madre de su novia es la mejor amiga de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Según Almansa, Aguirre "movió" los hilos para abrir sin licencia su sala de fiestas, según indica el sumario. Almansa trata de transformar la licencia del bar en una sala de fiestas para poder abrir hasta las cinco de la mañana. Sin embargo, la zona está calificada como zona ambientalmente protegida y esto evita el cambio de naturaleza del local. Almansa comenta que el concejal de distrito, Tomás Pascual, le comentó que la zona del distrito no tenía la calificación ambiental antes citada y, por lo tanto, podría convertir la licencia del pub en sala de fiestas con actuaciones en directo.

A este respecto la presidenta regional aseguró a través de una portavoz que no conoce de nada a José Almansa ni el bar de La Botellita de Serrano y que Aguirre no puede responder por cada una de la multitud de personas que la conocen.
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