Por un lado, al Ministerio de Fomento acerca de cómo fue posible que renovase el pasado mes de mayo la licencia de esta línea aérea y sólo unos días después le abriera uno de los primeros expedientes --tiene varios-- y suspendió algunos de sus vuelos ‘a la chita callando’, sin informar a la opinión pública de ello. El departamento de Magdalena Álvarez podría haber incurrido en lo que en Derecho se llama “culpa in vigilando”.
Pero, por otro, también habrá que pedir explicaciones a los dirigentes del PP: a Esperanza Aguirre, que ha dicho que“es una pena que Air Madrid haya tenido que echar el cierre tras el ultimátum que le dio Fomento”); a Elvira Rodríguez (“no nos podemos permitir el lujo” de perder un operador, ha dicho la consejera de Transportes); a Ángel Acebes (el secretario general del PP ‘recordó’ que Air Madrid es una compañía privada, como si ello la convirtiera en ‘intocable’) y hasta a Mariano Rajoy. ¿Qué cabía hacer al Ministerio de Fomento ante tanta irregularidad cometida por la aerolínea? ¿Cruzarse de brazos? ¿Esperar a que se produjera alguna catástrofe? Lo que cabría exigir a Fomento --y, por extensión, al Gobierno-- es que hubiera actuado de otra forma para no dar lugar a las escenas a las que estamos asistiendo estos días en los aeropuertos de Barajas y El Prat, principalmente, en España, y en los de Quito, San Salvador, Lima, Buenos Aires, México D.F, Santiago de Chile, y un largo etcétera de los de América Latina.
Eso es lo que ahora, una vez producida la crisis de Air Madrid, exigen los políticos del PP al Gobierno socialista. Pero lo hacen a ‘toro pasado’, como si antes de esta crisis, el pasado viernes por ejemplo, los responsables ‘populares’ no se hubieran pronunciado contra estas medidas. Esperanza Aguirre ha actuado más como política en la oposición al Gobierno, que con la imprescindible responsabilidad política, exigible a quien Gobierna esta Comunidad Autónoma.
Comentario multimedia:
Si (
No(
