Así lo ha acordado la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid en un Auto en el que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el coronel Hernando Martín y el comisario Aníbal Machín Lamas contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid el 28 de junio de 2005, acordando continuar la tramitación de las actuaciones con arreglo a las normas del Procedimiento Abreviada. Es decir, contra el Auto por el que se cerraba el sumario para la apertura de juicio oral.
Con esta resolución ahora de la Sección 7 se acabaron los recursos y las demoras: la Audiencia Provincial de Madrid fijará la fecha del juicio, que será, según fuentes judiciales, antes de junio de 2007. El sumario consta de 28 tomos y se prevé que el juicio dure un mes, dada la complejidad del caso.
En síntesis, y según las estimaciones en su día del caso del caso, tras el ingreso en prisión (13 de julio de 1988) de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez por su implicación en los crímenes cometidos por los GAL, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, acordó con las mujeres de Amedo y domínguez, María de los Ángeles Acedo y Alicia Sánchez, respectivamente, el pago de una serie de cantidades de dinero con "objeto de garantizar el silencio de los dos procesados" y evitar así que "delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado".
Para ello, Vera se habría servido de la cuenta de fondos reservados que el Ministerio del Interior tenía en el Banco de España (nº 25-012128-6). Vera encargó a su secretario personal, Juan de Justo, que se hiciera cargo de realizar los antedichos pagos.
Según la Fiscalía, desde agosto de 1988 hasta enero de 1994, De Justo entregó a las dos destinatarias dos sobres cada mes, cerrados con celofán, en los que habían cantidades que oscilaban entre las 450.000 y las 600.000 pesetas. Por este procedimiento, las esposas de Amedo y Domínguez habrían recibido un total de 29,7 millones de pesetas. Asimismo, Vera habría ordenado a De Justo que costease dos intervenciones quirúrgicas, llevadas a cabo en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, a las esposas de Amedo y Domínguez, que costaron casi un millón de pesetas. Pero, además, Vera habría ordenado que se les entregara a los ex policías, a través de sus esposas, la cantidad de 200 millones de pesetas.
Al parecer, el dinero de los fondos reservados llegó a Suiza en cuatro tandas. La primera, el 31 de octubre de 1989, en la que se ingresaron en cada una de las cuentas 13 millones de pesetas y 100.000 dólares americanos. La segunda, el 30 de enero de 1990, en la que se ingresaron 25 millones en cada una de las cuentas. La tercera, el 25 de septiembre de 1990, en la que se ingresaron 30 millones de pesetas en cada una. Y, la última, el 4 de febrero de 1991, en la que se ingresaron 25 millones de pesetas en cada una.
Así, el fiscal pide para Vera siete años de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de malversación de fondos públicos, así como la indemnización de 236,3 millones de pesetas al Estado por diversos conceptos. El fiscal solicita, asimismo, cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para Juan de Justo. También solicita dos años de prisión y cinco de inhabilitación absoluta para el coronel Félix Hernando y el comisario Aníbal Machín, así como la restitución al Estado de diversas cantidades de dinero.
El coronel Félix Hernando se encontraba al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Hernando trabajó a las órdenes directas de Rafael Vera, ex secretario de Estado de Interior en el Gobierno de Felipe González –en aquél último Gobierno figuraba también Alfredo Pérez Rubalcaba, hoy ministro del Interior-.
Hernando habría viajado hasta Ginebra para entregar a las mujeres de Amedo y Domínguez maletines con 50 millones de pesetas. Según el sumario que comenzó instruir el juez Garzón, Hernando, junto a Machín y De Justo, intentaron "comprar el silencio de Amedo y Domínguez y pagarles por los servicios prestados" mientras permanecían en prisión.
El coronel Hernando ascendió a máximo responsable de la UCO en el año 2000, con el popular Jaime Mayor Oreja al frente de Interior. Hernando fue jefe de esta unidad durante los casi tres años en que Rafá Zouhier, en prisión por su relación con la masacre de Madrid del 11-M, fue confidente de esa unidad. En 2003, Hernando recibió la medalla de Plata de la Orden de Mérito del Plan Nacional Sobre Drogas. En 1999, siendo todavía teniente coronel, fue propuesto por la Dirección General de la Guardia Civil para recibir la Cruz del Mérito del Cuerpo, pero Mayor Oreja revocó la orden al enterarse de que estaba implicado en un sumario del caso GAL.
Por su parte, el comisario Aníbal Machín, junto a Juan José Fernández y Abel Alberto Núñez, ya fue condenado por la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid el 21 de enero de 1997, como autores de un delito de torturas a la pena de tres meses de arresto mayor y un año de suspensión de la profesión de policía.
Un proceso largo tiempo paralizado
El proceso que investigaba los pagos en Suiza a las mujeres de Amedo y de Domínguez estaba paralizado desde hacía tres años por problemas de competencia entre los Tribunales, hasta que la Justicia reactivó en 2005 el sumario por malversación contra el jefe de la UCO: un furgón de la Audiencia Nacional hacía su entrada en la Provincial de Madrid, con esta pieza separada aún viva de aquel famoso sumario 1/88 que instruyó el juez Garzón sobre los GAL y que antes de ser troceado y parcialmente archivado, dio lugar a las condenas de Vera y Barrionuevo por el Supremo.
Devuelto el sumario, con los trámites y errores formales finalmente subsanados por la Audiencia Nacional y con cerca de tres años de retraso, la Sección II de la Audiencia de Madrid, competente en teoría desde junio de 2001, se hizo cargo de los trámites. Los procesados están acusados de malversación.
Nadie se acordaba ya de la causa de los maletines, ni siquiera cuando el que fuera comandante de la Guardia Civil destinado en la Secretaría de Estado, y luego jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Félix Hernando, declaró en el Congreso por la matanza del 11-M que “hasta el momento, transcurridos ya más de tres años, no se me ha comunicado la apertura de ningún sumario en dicha instancia (la Audiencia Provincial de Madrid), por lo que debo entender que el asunto está definitivamente zanjado sin responsabilidad alguna para mí”.
El asunto estaba atascado los vericuetos de los tribunales, nueve años después de que Baltasar Garzón escribiera en un auto de procesamiento de abril de 1995 que “en las tres primeras ocasiones (de un total de cuatro), los encargados de transportar el dinero, por orden del señor Vera, y con conocimiento del origen y finalidad de los pagos, son Félix Hernando Martín y Aníbal Machín Lamas, que ocupaban en ese momento los cargos de jefe del Servicio de Información Exterior y jefe del Servicio de Operaciones”.
El 5 de junio de 2001, la Sala III de la Audiencia Nacional dictó un auto que adelgazó las presuntas responsabilidades de Hernando, Machín, Vera y De Justo con respecto a la trama de los maletines. Dijo la Audiencia que de los dos delitos por los que los cuatro citados estaban procesados, había que sobreseer el monetario porque la evasión de divisas había sido despenalizada en 1996. Sin embargo, no revocó el procesamiento por malversación de caudales públicos, y se inhibió en favor de la Audiencia Provincial.
Tras años de inactividad procesal, el día 23 de julio de 2004 un oficial de la Audiencia Provincial telefoneó a la Sección Tercera de la Nacional para interesarse por el sumario de los maletines. Finalmente, el 26 de julio, la Nacional firmaba una providencia en la que acordaba los requeridos emplazamientos y devolvía la causa a la Provincial.
Si (
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