"Ya hemos perdido todo el tiempo y más del que podíamos perder. Tiempo es lo que no les queda a los afectados", advirtió la diputada en rueda de prensa.
A su juicio, una vez que ha "fracasado" la vía administrativa, al "desautorizar" el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) el plan de actuación sobre los derribos, "se impone un cambio de estrategia" y pasar a las soluciones legislativas.
Y es, en su opinión, los tribunales necesitan "instrumentos" y eso son las medidas legislativas. "A los jueces hay que darles instrumentos y, en este momento, esos instrumentos tienen que venir del Gobierno y del Parlamento", recalcó la parlamentaria, quien confía en que pueda haber medidas para ello.
Pero al PP le "inquietan los sucesivos aplazamientos" del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, el más reciente tras la última reunión de la Comisión de Seguimiento en la que se pidió un mes más para presentar soluciones.
La diputada 'popular' lamentó que desde el mandato parlamentario de diciembre de 2007 que instó al Ejecutivo a elaborar un plan de actuación han transcurrido más de dos años "paseando soluciones que no lo eran ni lo han sido" y "generando expectativas" a los afectados, mientras continuaban las ejecuciones de sentencia.
En este sentido, recordó que el primer documento remitido al Parlamento era un "simple análisis de la situación, vacío de contenidos y compromisos", mientras la "versión mejorada" de julio de 2009 fue "desautorizada" siete meses después por el TSJC.
En opinión de Sáenz de Buruaga, el Gobierno está "consumiendo un tiempo del que no dispone". "El tiempo de estudiar ya pasó. Ahora es el momento de trabajar. Y no hay nada más importante que sentarse a trabajar y no levantarse hasta que sean capaces de alumbrar una solución", apostilló.
"Una solución tarde no es solución"
Para la diputada, "una solución que llegue tarde, después de más derribos, no será una solución". Por ello, señaló que el Ejecutivo "debe ser capaz de liderar un pacto político e institucional por el que se declare de interés general la situación urbanística que atraviesa la Comunidad Autónoma". Y para eso, aseguró que se necesita "voluntad política, capacidad y determinación".
Sin embargo, mostró la preocupación del PP al respecto porque, a su juicio, el Gobierno "da la sensación de ir dando tumbos". Según dijo, les "inquietan" los "aplazamientos" del consejero, pero también "las contradicciones y ambigüedad" del Gobierno regional, a las que se suma el "ataque de confusión" protagonizado por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, al decir que no hará ninguna ley para salvar viviendas.
"Arrimar el hombro"
La secretaria general del PP opinó que el problema de las sentencias de derribo "es un problema de todos", por su "repercusión jurídica, social y económica". "Estamos moral y políticamente obligados a resolverlo", defendiendo el interés público, "reparando el daño causado" y "minimizando" sus consecuencias sobre los afectados y sobre la sociedad, agregó.
En este sentido, subrayó la voluntad del Partido Popular de "arrimar el hombro" y de hacer propuestas una vez el Gobierno les traslade su solución. Así, abogó por buscar una "propuesta de consenso, responsable" y que dé seguridad jurídica, pero insistió en que "no hay tiempo que perder" porque se necesitan "soluciones ya".
Sáenz de Buruaga destacó que los 'populares' están "dispuestos a colaborar desde la lealtad y la responsabilidad, dispuestos a alcanzar un consenso y dispuestos a seguir aportando soluciones". De hecho, señaló que los alcaldes del PP ya han planteado propuestas "útiles", que son "las únicas que hay sobre la mesa".
Por último, resaltó qu
e "nadie ha tenido más y mejores aliados" que los que tiene el Gobierno cántabro en este asunto. Así, aludió a los pronunciamientos del Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo, el Parlamento cántabro, los ayuntamientos, los afectados y la sociedad cántabra.
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