Esta agrupación de alcaldes presentó hoy en Pamplona el libro 'Escándalo monumental. La privatización de las iglesias, ermitas, tierras y otros bienes públicos de Navarra', en el que se recoge el nacimiento de la plataforma, una relación de los bienes de los que se ha 'apropiado' la iglesia de 1998 a 2008, una reflexión ética y moral, y una crítica jurídica de la materia.
En la presentación de la obra, la abogada Isabel Urzainki, que ha participado en el libro, explicó que el artículo 206 de la ley estatal hipotecaria de 1946 permite que la iglesia católica inmatricule inmuebles a su nombre, es decir, que les dé paso al registro de la propiedad. Esto es posible gracias a una certificación emitida por el diocesano, al que se equipara con un funcionario público con facultad de certificar, según la abogada.
A juicio de Urzainki, se trata de un método 'absolutamente excepcional', ya que confiere a la iglesia católica el mismo trato del Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público. 'El diocesano simplemente certifica que esos bienes pertenecen a la iglesia, sin necesidad de exposición pública, dictos, o trámites más', aseguró. Urzainki apuntó que con esa certificación, 'se accede al registro con un bajísimo coste, ya que no hace falta ni pasar por el notario'.
Según la abogada, este artículo choca con los artículos 14 y 16 de la Constitución Española, ya que se crea una desigualdad de trato respecto a las restantes confesiones religiosas, aunque señaló que 'esto no debe ser conferido a ninguna confesión, al ser España un Estado laico'.
Para terminar con este tipo de registros, Urzainki valoró que es necesaria 'voluntad política para cambiar el artículo'. Así, 'si el asunto llega a los tribunales, se debería plantear la cuestión de inconstitucionalidad, que es la única vía para que fuera derogado'.
COLABORACIÓN DEL PARLAMENTO
Por su parte, el alcalde de Huarte, Javier Bazterra, recordó que el pasado año la plataforma solicitó la colaboración del Parlamento de Navarra en este tema, pero señaló que 'no ha habido respuesta'. Por ello, llamó a los partidos políticos navarros a que 'se mojen' e insistió en que las apropiaciones 'están totalmente pensadas', es decir, 'están delinquiendo sabiendo que están delinquiendo'.
Bazterra aseguró que la plataforma no va a 'consentir' que esta situación, que consideran una 'apropiación indebida', se prorrogue. 'Hay 117 alcaldes que sentimos la responsabilidad por y para nuestro pueblo y, aunque la batalla no va a ser fácil, no vamos a cejar en esta lucha', expuso.
Por otro lado, el coordinador del libro, José María Esparza, apuntó que de los 1.087 bienes inmuebles registrados por la iglesia, 'unos 300 no tienen que ver con lugares de culto'. Además, opinó que podrían darse más apropiaciones, pero 'mientras no se les exija ningún tipo de exposición pública a la hora de emitir la certificación, es difícil enterarse'.
Finalmente, uno de los autores del libro, el sacerdote Jesús Lezaun, criticó que 'el Obispado es la inmobiliaria más grande de Navarra'. A su juicio, 'es espeluznante que la iglesia llegue a estos fenómenos', ya que 'va frontalmente en contra del evangelio'. Además, censuró que 'los obispos, cuando se trata de dinero, son capaces de todo'.
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