Suspendido el juicio del PGOU de Valladolid para que la sala decida si devuelve la causa a Instrucción

El presidente de la Sección 4ª de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid, José Luis Ruiz Romero, ha comunicado este miércoles la suspensión del juicio del llamado caso PGOU para estudiar las cuestiones previas planteadas por los representantes de las defensas y la petición de la Fiscalía de que se devuelva la causa al Juzgado de Instrucción número 1 para completar la documentación.

La segunda sesión de este juicio ha continuado con las cuestiones previas planteadas por seis abogados defensores, de los once que representan a 14 acusados, que, en su práctica totalidad, se han adherido a las solicitudes formuladas ayer en los términos de solicitar la nulidad del proceso por los defectos en el traslado de documentación y la dilación indebida en la actuación, lo que consideran que ha generado indefensión a los acusados.

Además, todos los defensores han defendido que los delitos de que se acusan a sus representados ya habrían prescrito --los cambios en el PGOU se produjeron en agosto de 2003 mientras que las modificaciones urbanísticas y licencias concedidas de acuerdo con esa normativa datan de entre 2005 y 2007--.

Por su parte, la representante del Ministerio Fiscal, Ana Valle, ha reconocido que si no se ha dado traslado íntegro de las actuaciones a los abogados defensores es algo que "no se puede solventar en este momento", ya que ha reconocido que de haber contado con la documentación completa los escritos de defensa podrían ser diferentes.

Así, la representante de la acusación pública ha planteado que para resolver esta cuestión se debería devolver al Juzgado de Instrucción 1 todo lo actuado para que se corrijan las "irregularidades" que se han podido producir en el traslado de las actuaciones y se vuelvan a remitir completas a las partes con el fin de que las defensas puedan ejercer adecuadamente su derecho. Lo que en el argot taurino sería 'devolver el toro del PGOU a los corrales'.

No comparte el mismo criterio Carlos Castro, abogado de la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado de Valladolid, quien ha considerado que la falta de documentación no ha causado "indefensión" a los acusados y ha planteado que se podría continuar con el desarrollo del juicio aunque con la prueba limitada a las actuaciones que figuraban en el dispositivo USB enviado a todas las partes y que son "iguales para todos".

El abogado de la acusación ha matizado que no cree que estas posibles irregularidades en la tramitación de las actuaciones hayan supuesto una "desigualdad de trato", ya que considera que si están incompletas lo sufren tanto las defensas como las acusaciones.

Tras la intervención de Castro, que ponía fin a las explicaciones de las partes sobre las cuestiones previas, ha tomado la palabra el presidente de la Sala, que ha anunciado la suspensión del juicio, que iba a continuar este jueves, al igual que quedan sin efecto las citaciones para la próxima semana --días 25, 26 y 27 de septiembre-- hasta que se resuelvan las cuestiones previas planteadas en estas dos primeras sesiones.

Previamente, los abogados defensores han incidido en las cuestiones ya formuladas este martes por los representantes que ya intervinieron en la primera sesión. La mayor parte de ellos han coincidido en adherirse a lo ya expuesto sobre la vulneración de derechos que ha supuesto la excesiva dilación de un proceso originado por una denuncia presentada por el PSOE en julio de 2008. De hecho, el representante de la empresaria Pilar Gómez Mazariegos ha apuntado que este hecho podría ser una atenuante cualificada si su defendida resultase condenada.

El representante de José Luis Mayordomo, Luis Lavín, ha reprochado que durante buena parte del proceso varios de los acusados no pudieron ejercer su derecho a la defensa ya que en principio figuraban como testigos y no fueron citados como imputados hasta el 31 de julio de 2013 mediante el escrito de reforma.

"Nos falta de todo"

Por su parte, el representante de los acusados José Luis y Eduardo Javier González Torres, ha enfatizado que a las defensas les "falta de todo", así que "malamente" pueden ejercer su derecho de defensa, lo que se traduce en "indefensión", lo que ha sumado al retraso en la tramitación.

Este aspecto también ha sido esgrimido por parte de todos los defensores, aunque el abogado de la acusación popular ha recordado que también se han podido beneficiar de esta situación, ya que las defensas han tenido 22 meses para formular sus escritos.

En todo caso, Castro ha reconocido que "es innegable" que se ha producido dilación, pero ha apuntado que no se ha hecho "con interés espurio" y que en algunos casos se debía a cambios de criterios judiciales que han derivado en la modificación de la situación procesal de algunos de los ahora acusados. Pero el letrado ha aseverado que "eso no ha producido indefensión".

Otra cuestión recurrente ha sido la reclamación de los abogados defensores de que se consideren prescritos los delitos que se imputan a sus representados y se sobresean las actuaciones, si bien existen diferencias en la manera en la que computar los plazos y en la extensión de los mismos, pues los defensores apuntan que en muchos casos los delitos prescriben a los 3 años, mientras que Carlos Castro ha optado por los diez.

Asimismo, tanto Castro como Ana Valle han defendido que, en el caso de resolver sobre la posible prescripción de los delitos, la jurisprudencia indica que sólo se debería decidir la suspensión del juicio por sobreseimiento previo si esa prescripción "es clara". A este respecto la representante de la acusación pública ha apuntado que la Sala debería tomar la decisión en el momento de la redacción de la sentencia.

Otra cuestión, en la que han coincidido los defensores de Lino Collazos y José Luis Mayordomo, ha sido la posición de que la Federación de Asociaciones Vecinales no estaría habilitada para ejercer la acusación popular, pues, como ha recordado el primero de los letrados, en alguno de los recursos simplemente reclamaba que se imputara al exalcalde Francisco Javier León de la Riva. "Parecía que era a quien realmente querían traer aquí", ha apostillado.

"El desaparecido" Óscar Puente

El actual alcalde, que sólo intervino en el proceso como presidente del Grupo Municipal Socialista y llevó a cabo trámites para poder presentarse como acusación popular, también ha sido mentado en la jornada y de hecho el letrado Lavín le ha comparado en tono irónico con la película "Desaparecido en combate", pues en el momento en que se solicitó la fianza para la presentación como acusación "desapareció" de la causa.

En su escrito, la Fiscalía solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años.

A los tres les imputa delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación vecinal en su escrito de calificación provisional en el que incluye al religioso Lino Collazos, de la Fundación Emilio Álvarez --no aparece en la lista del fiscal-- pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel.