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Luz verde a la modificación de la Ley de Cooperativas para flexibilizar trámites y favorecer su competitividad
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Luz verde a la modificación de la Ley de Cooperativas para flexibilizar trámites y favorecer su competitividad

miércoles 30 de mayo de 2018, 15:10h
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado luz verde este miércoles con los votos a favor de todos los grupos a la modificación de la Ley de Cooperativas, en vigor desde el 11 de abril de 2002, con el objetivo de agilizar el funcionamiento de las empresas de la Economía Social, reducir y flexibilizar los trámites y facilitar su competitividad en los mercados en un contexto cada vez de mayor exigencia por parte de los consumidores.

A través de esta "ambiciosa" Ley, que el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado como "ciertamente participativa" tanto en sede parlamentaria como en el Diálogo Social y con las entidades del sector, se pretenden potenciar políticas que favorezcan e impulsen un sector que, según ha reconocido también, ha tenido un comportamiento "especialmente positivo" en los peores años de la crisis al mantener y crear empleo por encima de los índices generales y además "de calidad", a lo que ha unido su contribución al desarrollo y a la vertebración local.

En el objetivo de favorecer una "adecuada dimensión" de las cooperativas como dinamizadoras de actividad en el medio rural y para dar respuesta al "gran reto del desafío demográfico" que tiene Castilla y León, la nueva norma contempla la homogeneización del capital social mínimo, que se ampliará de 2.000 a 3.000 euros para equipararlo a las sociedades de capital y a las laborales, y regula la consideración positiva del silencio administrativo.

La nueva norma introduce una nueva categoría de socio denominado "socio de servicios" con un valor añadido sobre el "socio colaborador" ante la petición del sector de que pueda participar en otras actividades no principales de las cooperativas.

Y para adaptarse a la "realidad plural" del sector se crea la categoría de "cooperativa integral" como aquella que, con independencia de su clase, tiene una actividad doble o plural y, por tanto, cumple con las finalidades propias de diferentes clases de sociedades y se adapta también la denominación de cooperativas "agroalimentarias" para modernizar la terminología.

En los aspectos de solvencia y liquidez se introducen mecanismos que eviten su descapitalización y se establece un mayor periodo para el reembolso de las aportaciones de los socios que puedan darse de baja en determinados supuestos en los que una cooperativa haya realizado "cuantiosas inversiones".

Del mismo modo, se suprime la obligación de aportar el 20 por ciento de los resultados de las operaciones con terceros al Fondo de Educación y Promoción para que se puedan dedicar a otra actividad más necesaria en cada momento, como a inversiones o a recursos humanos.

Además, para agilizar la toma de decisiones de modifican las competencias de la Asamblea General de la cooperativa con posibilidad de que esa convocatoria se pueda realizar con medios electrónicas. Si la cooperativa tiene más de 500 socios se deberá publicar en su página web, si dispone de ella.

Legislación electrónica

Otra de las novedades de la norma es la agilidad en la legalización de la documentación ya que en lugar del actual trámite de troquelado y sellado se establece la necesaria legislación electrónica de los libros de la cooperativa y la presentación electrónica de las cuentas anuales, "con el consiguiente ahorro de dinero y tiempo", como había pedido también el sector.

También se recoge la posibilidad de un procedimiento único de disolución, liquidación y extinción con una única escritura para reducir los aranceles notariales y evitar tener que acudir hasta tres veces al registro para la inscripción y anotación de los tres procedimientos.

Asimismo se garantía la pervivencia de las cooperativas de trabajo con dos socios trabajadores, como establece la norma para otro tipo de sociedades, como las laborales, con el objetivo de mitigar situaciones que se están dando en cooperativas que acaban con menos de tres integrantes por jubilación o baja de alguno de los socios.

A petición de las organizaciones sindicales se regula la actividad laboral a través de los estatutos o del reglamento interno aprobado en Asamblea General y las cooperativas de trabajo con más de 25 socios trabajadores recogerán las condiciones de protección social cuando el sistema público de protección no cubra total o parcialmente sus necesidades.

Desde el Grupo Socialista, el procurador Pedro González ha compartido la importancia y trascendencia de un sector generador de empleo y muy implantado en el medio rural de Castilla y León y, tras reconocer que todos los partidos se han dejado "pelos en la gatera", ha destacado el trabajo "laborioso y colaborador" entre todos en pro del máximo consenso para fortalecer la Economía Social.

Por este motivo, los socialistas han mantenido las 18 enmiendas que han llegado vivas al último debate de la Ley -presentó 24 "de la mano" de Urcacyl y ha logrado el apoyo de un tercio-- respecto al funcionamiento de las asambleas generales, aumentar el retorno cooperativo al socio, la publicación de fusiones y absorciones y dar facilitad a la aplicación de los acuerdos en asamblea.

En el caso de Podemos, Adela Pascual ha reconocido también el "alto nivel de consenso" si bien ha defendido las cuatro enmiendas vivas a debate para mejorar el marco legal de las cooperativas de Castilla y León convencida de que no es el momento para elevar el capital social mínimo para poder facilitar la expansión del modelo cooperativo. Podemos ha pedido reforzar el derecho a la información a los socios y evitar "abusos" respecto a cooperativas ficticias en sectores como el cárnico.

Desde Ciudadanos, la procuradora Belén Rosado ha significado también el acuerdo y el enriquecimiento del texto conseguido "entre todos" para recordar que es la cuarta modificación que sufre la Ley de Cooperativas de Castilla y León por lo que ha reclamado una "reforma más global y más grande" que ha augurado para la próxima legislatura. Mayor retorno cooperativo al socio, ahorrar costes en las publicaciones con la mirada puesta al futuro en un "mundo global" son algunas de las propuestas de la formación naranja que han quedado en el tintero.

Finalmente, José Sarrión ha agradecido el tono y el trabajo en ponencia y defendido una diferencia de concepto en algunos puntos para abogar por priorizar la contratación con este tipo de entidades de economía social por su fijación al territorio respecto a la iniciativa privada. También ha echado de menos recursos de divulgación para los "verdaderos emprendedores".

Según los datos aportados por el consejero, en Castilla y León había 2.102 cooperativas registradas a finales de septiembre, de las cuales 570 son agrarias, 548 de explotación comunitaria de la tierra, 635 de trabajo, 237 de vivienda, 34 de segundo grado, aquellas constituidas por al menos otras dos cooperativas del mismo objeto, 30 de Servicios, 20 de transporte, 18 de consumidores y usuarios, nueve de enseñanza y una de crédito, y dan empleo a 9.231 personas.
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