Herrera cree que habría sido una "calamidad" no contar con la energía nuclear y térmica este año

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha señalado este viernes en la capital burgalesa que habría sido una "calamidad" no contar con la energía nuclear y térmica en los primeros ocho meses del año.

Herrera, quien ha visitado las instalaciones del centro 'Puentesaúco' de Aspanias, ha remarcado que si no hubiera sido por este tipo de energía, España no podría haber contado con el suministro de energía necesario en ese periodo. "Hubiera sido un desastre", ha añadido.

Por ello, se ha dirigido al Gobierno central para insistir en la idea de que "con la energía no se juega" y ha recordado que el mes de agosto comenzaba con la decisión gubernamental del cierre de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, una decisión que, según ha dicho, solicitaba "mucha gente" salvo la Junta de Castilla y León, UGT y los municipios del entorno.

Juan Vicente Herrera ha insistido en que, en relación a la energía, "hay que tener un poquitín más de prudencia" a la hora de adoptar decisiones y ha confiado en que las razones que afectaron al cierre de la planta nuclear de Burgos no afecten ahora al mantenimiento de las centrales térmicas y las cuencas mineras.

En este sentido, ha insistido en que el precio del carbón nacional es "competitivo" porque es más bajo que el internacional y, si bien no ha entrado a valorar el porcentaje que este tipo de energía debería ocupar en el mix energético nacional, ha abogado por su mantenimiento "a partir de la plena seguridad".

Finalmente, ha asegurado que la dotación económica para las cuencas mineras en Castilla y León está comprometida y ha recordado que existe una comisión de seguimiento, en la que participan grupos parlamentarios, municipios y sindicatos, para "dar credibilidad" al plan de dinamización establecido.

Discapacidad

Por otra parte, los 205 centros especiales de empleo de los que dispone Castilla y León en estos momentos rozan ya los 5.000 trabajadores, según ha señalado el presidente de la Junta durante la visita al centro 'Puentesaúco' de Aspanias de la capital burgalesa.

Herrera, quien ha asegurado que visitar estas instalaciones supone "una forma hermosa" de comenzar el nuevo curso político, ha recordado que el objetivo marcado para esta legislatura era alcanzar la cifra de 5.000 empleados en estos centros y ha explicado que, en estos momentos, ya se cuenta con 4.963 trabajadores.

En este sentido, ha explicado que la crisis económica ha provocado el incremento del número de centros especiales de empleo y empleados en los mismos, de tal modo que entre 2007 y 2016 se crearon 45 nuevos y se contrataron a cerca de 2.000 nuevos empleados.

En el caso de la provincia de Burgos y en este mismo periodo, se ha pasado de 23 a 33 centros de empleos y 472 a cerca de 600 empleados, algo que ha achacado, en un porcentaje elevado, al trabajo desarrollado por Aspanias.

En este sentido, Juan Vicente Herrera ha recordado que Aspanias es una organización surgida del movimiento asociativo de las personas con familiares con discapacidad en 1964. "Es muy representativa y ejemplar", ha añadido.

En la actualidad, Aspanias cuenta con 381 profesionales y gestiona 38 centros de servicios sociales, entre residencias, pisos y centros de días, a la vez que aglutina más de 800 plazas para personas con discapacidad.

Juan Vicente Herrera ha aprovechado estas cifras para insistir en que "todos estamos unidos" en la Comunidad para lograr la plena inclusión y ha insistido en que prueba de ello son las políticas impulsadas en este ámbito.

Al respecto, ha recordado que la Junta ha duplicado el porcentaje establecido para las administraciones públicas en lo que respecta a la contratación de personas con discapacidad y ha recordado que en próximas fechas se resolverá en la Administración regional una convocatoria pionera de cinco plazas para personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Junta con los centros especiales de empleo a través de una línea de apoyo de 22 millones de euros que permite, entre otras cuestiones cubrir porcentajes salariales de las personas con discapacidad intelectual empleadas.