Junta y Gobierno diseñan un plan financiero con medidas excepcionales por 145 millones para ayudar al campo en un "año malo"

La Junta de Castilla y León en colaboración con el Gobierno de la nación ha diseñado un Plan Financiero Especial contra Adversidades Climatológicas para el periodo 2017-2022 dotado con hasta 145 millones de euros que contempla "medidas excepcionales" para ayudar al campo regional en un año "malo" tras los efectos de la sequía, de las heladas y del granizo.

El objetivo de estas "medidas excepcionales" es garantizar el ahorro al sector primario de Castilla y León, como reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para actividades agrícolas y ganaderas, exención de cánones y tarifas a los regantes de las zonas afectadas por la sequía y exención de tasas por servicios agroganaderos en todos los sectores, y aportar liquidez para que pueda afrontar con garantías la próxima campaña agrícola.

Para ello, la Junta se ha dirigido ya a la Comisión Europea para que permita anticipar "al menos hasta un 70 por ciento" de la Política Agrícola Común (PAC) --ha pedido el máximo del 80 por ciento y el máximo permitido ahora es el 50 por ciento-- y negocia también con las entidades financieras la posibilidad de que anticipen esos cobros --unos 720 millones de euros-- al mes de agosto, lo que supondría un adelanto de tres meses respecto a una campaña normal, "sin intereses".

Para ayudar al sector a tener liquidez, se aplazarán las cuotas de la Seguridad Social, lo que supondrá más de 200 millones de euros, y se habilitarán hasta 920 millones de euros en préstamos sin intereses para los que tengan suscrito un seguro agrario y sean agricultores profesionales para lo que Junta y Gobierno aportarán 80 millones.

Así, se habilitarán préstamos de hasta 40.000 euros, con 5 años de amortización, con uno de carencia, en los que el Estado pondrá el cien por cien de las garantías y la Junta el cien por cien de los intereses, "siempre y cuando el beneficiario sea agricultor profesional y tenga suscrito un seguro".

Además, se abrirá un plazo hasta finales del mes de octubre para que se contrate "cualquier tipo de seguro agrario" para tener esta consideración a efectos de la cobertura de intereses y garantías. De no haber seguro, las bonificaciones de intereses serán del 50 ciento tanto por parte de la Administración autonómica como estatal.

El Plan contempla dos discriminaciones positivas en esa política de préstamos para favorecer a los jóvenes y a los agricultores y ganaderos del Bierzo, que se ha visto "especialmente azotada" por las inclemencias meteorológicas. En ambos casos, podrán disponer de hasta 80.000 euros con 10 años de amortización y dos de carencia sin la exigencia del requisito de ser agricultor profesional para los jóvenes. Para los productores del Bierzo, no se exigirá la condición del 50 por ciento de participación de actividad agraria en el IRPF, ni Seguridad Social Agraria, para adecuarse al particular tamaño y volumen de producción y producciones de esta zona.

Decreto de sequía este mes

Estos son los principales acuerdos alcanzado en la reunión entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPA), que han fijado un punto de partida sobre el que seguir negociando para sacar adelante este mes un decreto de sequía en Castilla y León del que dependerán las órdenes que desarrollen cada una de estas medidas y del que depende el visto bueno de Europa sobre el anticipo de la PAC.

Así lo ha explicado la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, tras este encuentro en el que Junta y OPAS han apostado por analizar a fondo toda la política de seguros a través del grupo de trabajo conformado ya entre las partes con presencia también de Enesa, cooperativas y Agroseguro, un "análisis histórico" que podría estar listo "a la vuelta de verano".

El objetivo, ha insistido Marcos, es potenciar la contratación de seguros agrarios en Castilla y León ya que, aunque es diez puntos superior a la media nacional, está al 50 por ciento y con "diferencias importantes" entre provincias y cultivos. Para ello, Junta y OPAS acordarán en una próxima reunión medidas para impulsar "de forma decidida" esa política de seguros para que sean un producto "atractivo" y se conviertan en una fórmula "estructural" y no coyuntural.

La batería de medidas para proporcionar ahorro al sector incluye ayudas a la suscripción de seguros agrarios para lo que se incrementa la dotación presupuestaria en 2,5 millones de euros anuales de modo que el importe destinado para contratar pólizas de seguros agrarios entre el Gobierno y Administración autonómica asciende a 29,1 millones. Marcos ha abogado al respecto por llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias que contemplen estas partidas como "crédito ampliable".

Otras de las medidas acordadas entre Junta y organizaciones agrarias pasan por la incorporación de dos millones de euros en ayudas para el suministro de agua a explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos, unas subvenciones que irán dirigidas a la adquisición de equipos móviles de transporte de agua, gasto de energía, construcción de abrevaderos o excavaciones de charcas.

Marcos se ha comprometido a "emplearse" para conseguir que se paguen todas las ayudas de la PAC y no se lleven a cabo penalizaciones por la no aplicación de requisitos específicos vinculados a estas ayudas y a líneas europeas contempladas en el PDR, "flexibilizando las ayudas agroambientales y los requisitos exigidos en los planes de incorporación de jóvenes y mejora de explotaciones agrarias".

También se estudiarán medidas para apoyar a las empresas agroindustriales y a las cooperativas dedicadas a la actividad hortícola y frutícola que no puedan abordar pagos de los contratos estables cuya actividad esté vinculada a la producción de la zona.

Marcos ha aclarado que, a falta de la recolección total de las cosechas, no se pueden cifrar las pérdidas a las que tendrá que hacer frente el sector primario de Castilla y León si bien no ha dudado al afirmar que la situación del campo es "muy complicada" por lo que la Junta ha preferido "anticiparse" y avanzar en las órdenes de ayudas que llegarán un mes antes respecto a otros años de crisis.

Los representantes de las OPA han constatado la "importancia" de las propuestas de la Junta ante la "catastrófica" situación de la cosecha pero han advertido de que, a día de hoy, no hay nada cerrado y han abogado por conseguir mejoras en la "letra pequeña" de este acuerdo, con especial hincapié a las ayudas directas o "ayudas de mínimis", uno de los caballos de batalla del sector al que el presidente "no ha cerrado la puerta", en palabras de Donaciano Dujo, de Asaja.

En este sentido, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, no ha dudado al descartar una movilización del sector si la Junta no accede a esas ayudas directas, como las destinadas a industrias como Campofrío, desde el convencimiento además de que el paquete de medidas anunciado hoy por Herrera es "insuficiente".

"Ha sido un año horrible en toda Castilla y León", ha sentenciado González Palacín, que ha recordado a modo de ejemplo que en 2005 se vivió una situación "más liviana" y hubo ayudas directas. Ha recordado a Junta y Estado que cofinanciar entre 100 y 150 millones a mayores tampoco supondría "echar las campanas al vuelo y sí salvar a muchas explotaciones" que, según ha augurado, se llevarán las manos a la cabeza cuando les hablen de la suscripción de nuevos préstamos.

Desde la Alianza por la Unidad del Campo, Aurelio González, secretario de UPA, ha significado que el trabajo de Junta y OPAs empieza a dar sus frutos y ha cargado contra el Ministerio del ramo por no trabajar en la misma línea que el Gobierno regional desde el convencimiento de que el Gobierno no ha asumido el "gran problema" que hay en el campo de Castilla y León.