Otros tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía investigados en el caso de los ERE fraudulentos han tachado de "dilatorias" y "entorpecedoras" las pruebas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, y que han sido admitidas por el juez Álvaro Martín, en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, que afecta, entre otros, a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado José María Mohedano, que representa a los ex directores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano y al exviceconsejero de Economía José de Haro Bailón, formula su adhesión "en todos sus términos" al recurso del exconsejero de Empleo Antonio Fernández contra el auto de 27 de enero en el que el instructor admitía las diligencias solicitadas por Fiscalía.
En este sentido, el abogado que defiende a estos tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía pide al magistrado que, "tras los trámites legales que procedan, acuerde dejar sin efecto" el auto referido "por los razonamientos expuestos" por el exconsejero de Empleo en su recurso de reforma.
El abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, considera que las diligencias acordadas por el instructor tras la solicitud de la Fiscalía "son claramente divergentes y exceden la delimitación objetiva" acordada para la pieza del procedimiento específico, centrándose en primer lugar en la decisión de remitir a la Intervención General del Estado los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas referidos al uso de la transferencia de financiación por parte de once entidades públicas andaluzas.
"Creemos que no es relevante para la presente instrucción" que el equipo pericial de la Intervención General del Estado "cuente con tal información", por lo que esta prueba "debió ser desechada" por el juez, asevera el letrado, que dice que esta remisión de información a la Intervención "fue acordada ya" en la pieza matriz de los ERE mediante auto de 21 de diciembre de 2015, por lo que "reiterar la solicitud en esta pieza separada puede dar lugar a resoluciones cuando menos redundantes o incluso contradictorias".
Así, el abogado subraya que "tal proceder procesal sólo puede redundar en la dilación de la causa y provocar el entorpecimiento del objetivo perseguido de la más pronta finalización de la instrucción y acceso a la fase intermedia" de esta pieza, lo que "sorprende tratándose precisamente de la parte procesal que desde hace ya muchos meses vino interesando la división del procedimiento en piezas separadas y hace constantes protestas, incluso invocando para ello el 'interés social', sobre la necesidad tanto de evitar dilaciones indebidas como de agilizar al máximo el procedimiento".
En su recurso, consultado por Europa Press, el letrado del exconsejero también combate que la Fiscalía haya pedido que se requiera a la Junta "informe sobre expedientes tramitados relativos a ayudas previas a la jubilación (APJO) en el periodo 2000-2010, indicando solicitudes presentadas, resoluciones recaídas, importe en su caso y aplicación presupuestaria".
"Han transcurrido cinco años desde el inicio de una investigación que tuvo como hito destacado hace no demasiadas fechas la decisión de la división de la causa en piezas separadas, una de las cuales --la presente--, bien definida ya en su objeto, está llamada a ser en el corto plazo culminada su instrucción y elevada para enjuiciamiento", señala el letrado, para quien el hecho de que "a estas alturas" se solicite "una prueba de tal dimensión y complejidad, nos sume no ya en extrañeza sino en graves dudas sobre cuáles pueden ser los designios que conducen tal clase de solicitud".
"INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA"
Al hilo de ello, subraya que "prueba de tal dimensión y complejidad como la que pretende el fiscal resultaría, para empezar, claramente dilatoria y entorpecedora del procedimiento", ya que "manifiestamente no se puede esperar que la Junta pueda, dentro de un espacio de tiempo asumible, localizar, ordenar, sistematizar y emitir un 'informe' sobre centenares de ayudas concedidas a lo largo de una década".
Es más, añade el abogado, "lo que nos parece más grave" es que tal diligencia probatoria, "tal y como se plantea, posibilita potencialmente una alteración en el objeto de la investigación, que claramente tiende y presenta los caracteres de una investigación prospectiva dentro de la propia instrucción", punto en el que agrega que el derecho de defensa y contradicción "no es posible frente a indagaciones que no tienen como objeto un hecho punible".
A su juicio, "tal clase de actuaciones dan lugar a una pena de sumisión con efectos gravísimos sobre imputados que no lo son ya por hechos que no se revelan siquiera punibles, sino meras especulaciones o posibilidades, cuyo riesgo no se elude con el cambio de denominación de imputado por investigado", por lo que reclama al juez que "deje sin efecto y deseche" la práctica de las pruebas planteadas por la Fiscalía.
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