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¿Quién pagará la cuenta?

Por Enrique Arias Vega
lunes 28 de diciembre de 2015, 10:02h

Me parece genial la propuesta de Pablo Iglesias de no cortar la luz a las familias que no puedan pagarla. Genial, por ingeniosa y probablemente irrealizable: ojalá todos pudiéramos vivir según nuestras necesidades sin tener que esforzarnos para sufragarlas. Pero, si no es el propio interesado, algún otro tendrá que pagar el gasto que se genera. Eso es aplicable a todo en esta vida: a la renta mínima garantizada que algunos prometen, a las subvencione¬¬¬s a esto y a aquello, a los libros escolares, a la matrícula universitaria, al coste de las medicinas… El que ello no sea deseable, y probablemente justo, no evita que haya un coste que debamos afrontar.

En el caso del suministro energético resulta más que claro: ¿quién se hará cargo de los ingresos dejados de percibir por las empresas eléctricas? Pueden ser las propias compañías, claro, pero entonces dejarán de hacer inversiones que no les resulten rentables, cobrarán más al resto de ciudadanos o rebajarán la calidad del servicio para todos. También podría hacerlo el Estado, pero en ese caso subirían los impuestos y disminuiría nuestro nivel de renta. Es decir, que lo que no se paga de una forma hay que hacerlo de otra.

Eso, digo, es aplicable a todos los servicios que percibimos, como nuestra criticada sanidad pública que, pese a todos los recortes, sigue siendo una de las tres mejores del mundo. También resulta válido para las hipotecas, a pesar de la avaricia bancaria, los engaños a sus clientes y lo injusto de muchos desahucios. De no establecerse una normativa clara y correcta que regule la dación en pago u otras formas de acuerdo entre las partes, más que mantener el disfrute de las viviendas por parte de los hipotecados se produciría una reducción y un encarecimiento de esos préstamos y una mayor dificultad de acceso a la vivienda.

Por todo ello, lo interesante no es hacer propuestas utópicas que puedan tener un efecto boomerang sobre los afectados, sino acompañarlas de su correspondiente plan de financiación. Si sabemos quién y cómo va a pagar la cuenta y todos estamos de acuerdo con ello, cualquier proyecto será viable; si no, resultará ser una trampa y un engaño.

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