La abogada Encarnación Molino, del despacho Montero Aramburu, y que ejerce la defensa de varios impuestos en los ERE, ha propuesto una división de la causa que permita la incoación del menor número de piezas para cada persona imputada, de modo que el enjuiciamiento de cada persona o grupo de personas se produzca en un solo procedimiento, y no cientos de ellos, dejando a salvo, a su vez, la valoración del concurso o la continuidad delictiva a la hora de imponer las penas que procedan.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada eleva a la juez la división que considera mejor para la causa a la vista de la complejidad de la misma y tras advertir de que "de no haber un proyecto que contenga un diseño adecuado supondría que la división de la causa se cimente sobre criterios tan genéricos que, necesariamente, supondrá la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".
Así su propuesta defiende que, atendiendo al derecho de defensa, de tutela judicial efectiva, de la mayor eficacia y simplificación, la causa se dividiría en cuatro piezas y en otro gran bloque con una pieza separada por cada empresa perceptora o beneficiaria de ayudas sociolaborales o directas.
De este modo, la abogada separa en tres piezas lo que la juez juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Nuñez Bolaños englobó en una, relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas.
La letrada propone una primera relativa a la fase de presupuestación de las transferencias de financiación dentro de ese denominado procedimiento específico y conductas vinculadas. Mantiene que en esta se podría investigar separadamente a los funcionarios y autoridades públicas relacionados con el procedimiento, la presupuestación y aquellas otras conductas relacionadas con la misma (Consejerías de Empleo, Hacienda y Presidencia; Intervención General de la Junta y Presidencia de la Junta de Andalucía).
Una segunda sería relativa a la concesión de ayudas sociolaborales y directas a empresa dentro del mismo procedimiento específico y señala que en ella podría llevarse a cabo la investigación relativa a la forma concreta en que se concedieron las ayudas en el seno de la Consejería de Empleo (singularmente la Dirección General de Empelo) por parte de funcionarios y autoridades de la misma.
La tercera sería relativa al pago de ayudas sociolaborales y directas a empresas, también dentro del procedimiento específico. Pieza en la que podría investigarse la actuación de funcionarios y autoridades públicas cuya intervención se relaciona con el pago de tales ayudas (IFA/IDEA, Consejería de Innovación).
Además, la cuarta se centraría en la percepción de sobrecomisiones por las compañías mediadoras; y, por último, otro gran bloque incluiría las piezas relativas a los perceptores de ayudas sociolaborales y directas a empresa. Al hilo de este bloque, señala que procedería la incoación de una pieza separada por cada empresa perceptora o beneficiaria de ayudas sociolaborales o directas en la que procedería investigar a los sujetos perceptores o beneficiarios de las mismas que no reúnen la condición de funcionario o autoridad pública.
Molino añade que estos criterios de división en la investigación "no empiecen la procedencia del sobreseimiento y archivo de muchas de las piezas a las que se dé lugar tras la división de la causa por no ser constitutivos de delito alguno los hechos investigados o por simple prescripción".
DIVISIÓN DE NUÑEZ BOLAÑOS
Cabe recordar que la juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, aceptó a finales del mes de julio la petición realizada en el mes anterior por la Fiscalía Anticorrupción y acordó dividir en tres grandes piezas separadas la causa de los ERE, una petición a la que se había opuesto en reiteradas ocasiones su antecesora en el cargo, Mercedes Alaya.
La magistrada dividió la causa en tres piezas separadas, una relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otra pieza con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.
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