El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha aclarado este miércoles que la Junta de Andalucía "ya está rectificando" la orden de ayudas a familias desahuciadas, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 12 de diciembre de 2014, "para poder atender a todas las familias que sufren este problema de primera magnitud".
Para ello, López ha anunciado, a través de un comunicado, que el Gobierno andaluz ha ampliado en 1,5 millones de euros adicionales los 2,27 millones con los que fue inicialmente dotada esta línea de ayudas.
Ha explicado que durante los ocho meses transcurridos desde la apertura de la orden, han sido más de 500 familias las que han presentado sus solicitudes, "lo que nos ha hecho tomar la decisión de ampliar el presupuesto para dar cobertura al cien por cien de las familias que así lo necesiten", ya que ahora la dotación económica es de 3,37 millones.
Una vez suspendida temporalmente la orden, la Consejería puede gestionar la demanda de forma "coherente y ordenada, no generando expectativas a nuevas familias sin contar con respaldo económico, pues ha quedado claro que el presupuesto inicial con el que fue dotada en la pasada legislatura era claramente escaso", ha afirmado.
En cuanto a la decisión de suspender temporalmente la convocatoria, tal como publicó el BOJA de 3 de agosto, el consejero ha explicado que "la propia orden, cuando fue redactada y aprobada, contemplaba dicha posibilidad y, por tanto, hemos actuado conforme a la orden, procurado una solución alternativa ante una demanda que ha superado las previsiones con las que fue planteada".
"Nuestro objetivo es que ninguna familia se quede fuera y todos los que cumplan los requisitos puedan contar con unas ayudas que les permitirá disfrutar de una vivienda digna en los próximos tres años", ha insistido el consejero.
La suspensión temporal de la orden de ayudas a familias desahucias --y no la de su anulación-- tiene como objetivo garantizar la atención a todas las peticiones presentadas, así como la posibilidad de levantar la suspensión, una vez ampliado el presupuesto, y continuar la gestión de las solicitudes sin necesidad de redactar y aprobar una nueva.
APROBADA EL AÑO PASADO
La Consejería recuerda que el pasado año aprobó esta orden de ayudas al alquiler para familias desahuciadas o incursas en procesos de ejecución hipotecaria y que se encuentran en situación de emergencia y sin alternativa habitacional para que no se quedaran en la calle por esta circunstancia.
Estas ayudas vienen a dar respuesta a las personas desahuciadas que no podían beneficiarse de la aplicación de la Ley sobre la Función Social de la Vivienda al resultar suspendida por el recurso planteado por el Gobierno del Estado a esta norma ante el Tribunal Constitucional.
De hecho, estas ayudas dan cobertura al mismo perfil de familias en situación de emergencia social que la Consejería protegía mediante la expropiación temporal de viviendas a las entidades financieras, mecanismo actualmente suspendido por el citado recurso del Gobierno central a la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda.
Los requisitos que deben acreditarse para obtenerla son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual y que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social, así como que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.
Esta línea de apoyo al alquiler también protege a los avalistas que acrediten una situación de emergencia social por encontrarse su vivienda en ejecución tras haberla ofrecido como garantía del citado préstamo a un familiar.
Las circunstancias que acreditan el riesgo de exclusión son similares a las que permitían a estas personas acogerse a la expropiación del uso para evitar desahucios, entre ellas que las condiciones económicas hayan sufrido un importante menoscabo, provocando una situación de endeudamiento sobrevenido con respecto a sus condiciones cuando se firmó el préstamo.
El esfuerzo que representa el préstamo sobre la renta familiar se debe haber multiplicado al menos por 1,5 desde el momento de la formalización del contrato y suponer más de un tercio de los ingresos familiares, según recoge esta orden de ayudas. El periodo máximo de concesión de la ayuda son tres años, al igual que ocurría con la expropiación del uso recogida en la Ley recurrida parcialmente por el Gobierno estatal.
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