UGT pide a la Junta un acto de generosidad con los empleados públicos para volver a la jornada de 35 horas

La secretaria regional de FSP-UGT, Carmen Amez, ha exigido este miércoles a la Junta de Castilla y León que aproveche la  nueva etapa de crecimiento económico en la que se prevén mayores ingresos para hacer un acto de generosidad con los empleados públicos y volver a la jornada laboral de 35 horas semanales y reintegrar todos los permisos, licencias y vacaciones "hurtados" en estos años de crisis económica.   

FSP-UGT ha trasladado esta petición a través de una carta remitida hace un mes a la Consejería de Hacienda ante las declaraciones de los responsables de la Junta sobre ese mejor nivel económico y ante la negociación de los nuevos fondos de los que dispondrán las arcas regionales y que espera que no sean fruto de una "campaña electoral".   

"Qué más que un acto público de generosidad", ha reclamado Carmen Amez quien ha advertido de que los trabajadores de la Administración regional están "cansados, agotados y desanimados" de las exigencias y medidas de austeridad de la Junta que han sobrecargado su labor sin que se haya mejorado la prestación de unos servicios públicos "sobrecargados" y "ralentizados".   

Para Carmen Amez, la devolución de la jornada laboral a las 35 horas -en la actualidad es de 37,5 horas-- permitiría además crear empleo público y dar oportunidades a los jóvenes para que accedan a una plaza en la Junta de Castilla y León, además de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de los empleados públicos.   

En este sentido, ha pedido a la Junta que deje de cerrar los ojos ante la actual situación laboral en la Administración y ha abogado por un proceso de negociación para aumentar la productividad y reorganizar mejor la jornada y el tiempo de trabajo con esa jornada laboral de 35 horas ya que, según ha defendido, se ha demostrado que no por trabajar más horas se es más competitivo ni se consiguen mejores resultados.   

La sindicalista ha cargado contra las consecuencias del aumento de la jornada laboral para los empleados públicos desde el convencimiento de que fue, además, un "lavado de cara" de la Administración para enmascarar su "impotencia" y descalificar lo público para justificar lo privado.   

"Es un derecho irrenunciable", ha sentenciado Carmen Amez, quien ha cifrado además en un 40 por ciento el porcentaje de plazas de trabajadores interinos que hay en la Comunidad. Del mismo modo, ha acusado a la Administración de haber incumplido el acuerdo por el que se dio el visto bueno al prorrateo de la paga extra devengada de 2012 a cambio de sentar las bases de la carrera profesional para todos y de un concurso abierto y permanente, dos promesas que se pusieron sobre la mesa y que están "sin cumplir".